La Corte Suprema de Argentina, máximo tribunal del país, propinó ayer un duro golpe a los intereses de los Kirchner en su batalla contra Clarín, el mayor grupo de medios argentino.

La Corte, cuya mayoría de miembros había sido promovida por el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) para renovar el desprestigiado tribunal, ratificó una medida cautelar que suspende la aplicación de un artículo de la nueva Ley de Medios Audiovisuales. Esta norma obliga a los grandes grupos a desinvertir en el plazo de un año en emisoras de radio y televisión para no superar el límite de participaciones en los medios establecido por la norma que aprobaron el año pasado en el Congreso el kirchnerismo, la izquierda y el Partido Socialista.

La Ley de Medios Audiovisuales constituye uno de los capítulos de la pugna entre el Gobierno argentino y Clarín, que comenzó en 2008, a partir del enfrentamiento entre la presidenta Cristina Fernández y el sector agrícola, después de cuatro años de relaciones óptimas. La legislación no solo afecta a ese grupo, sino a otros como Prisa (editor de EL PAÍS).

Clarín, el grupo más afectado por la ley, apeló el artículo referido al plazo de desinversión por considerarlo contrario al derecho de propiedad. En concreto, obligaba a vender en un año licencias de radio y televisión que en su momento el Estado -incluso bajo el Gobierno de Kirchner- había extendido por un periodo mayor.