Las personas no judías que aspiren a la nacionalidad israelí tendrán que jurar lealtad al “Estado judío democrático”. El nuevo juramento, aprobado ayer por el Gobierno de Benjamín Netanyahu como enmienda a la Ley de Ciudadanía, fue aplaudido por la ultraderecha y criticado tanto por los ministros laboristas.

El primer ministro comentó que con la nueva fórmula no se hacía otra cosa que “reforzar la esencia del sionismo democrático”. El diputado Mohamed Barakeh, presidente del partido izquierdista Hadash, que integra a árabes e israelíes a favor de la convivencia en un solo Estado, consideró en cambio que la enmienda elevaba a Israel hasta los primeros lugares en la lista de los países racistas y añadió que Netanyahu había “disparado un misil contra las negociaciones”.

Podría ser que el nuevo juramento, que en principio debería afectar a pocas personas (los palestinos de los territorios ocupados no pueden optar a la ciudadanía), afectara al maltrecho proceso de paz. Pero también podría ser que lo favoreciera: algunos miembros del Gobierno comentaban confidencialmente que la enmienda era el precio que Netanyahu había pagado a sus ministros de ultraderecha para que aceptaran una nueva moratoria sobre la construcción en los territorios ocupados, la condición exigida por el presidente palestino, Mahmud Abbas, para seguir negociando.

El Consejo de Ministros decidió remitir a un comité interministerial dos propuestas, una del ministro de Justicia, Yakov Neeman, y otra del ministro de Defensa, Ehud Barak, destinadas a suavizar el juramento de lealtad al Estado judío. Neeman pidió que también los nuevos ciudadanos judíos tuvieran que formular el juramento, para evitar una discriminación grosera. Barak pidió que se añadiera a la fórmula la frase “en el espíritu de la Declaración de Independencia”, para recordar que en el acta fundacional de Israel se definió al nuevo Estado como judío, pero también como democrático y opuesto a cualquier tipo de discriminación.

La ultraderecha, en cualquier caso, se mostró exultante. El diputado Michael Ben-Anri, de Unión Nacional, declaró que “al cabo de 20 años del asesinato del rabino Meir Kahane, el Likud admite que tenía razón. Es refrescante comprobar que el Likud, que persiguió a Kahane por su campaña para que los árabes ciudadanos de Israel prestaran un juramento de lealtad, llega ahora a la conclusión correcta”. Kahane, asesinado en Nueva York en 1990, no exigía solo ese juramento: en otras ocasiones exigió una ley que prohibiera las relaciones sexuales entre judíos y no judíos, y la expulsión de Israel de todos los árabes. El partido fundado por Kahane, Kach, figura en la lista de las organizaciones terroristas en Estados Unidos y la Unión Europea.