La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra 10 altos funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), encabezados por la exdirectora Liliana Pardo, por las supuestas irregularidades en la adjudicación de los contratos para el diseño, planeación y ejecución de la fase III de Transmilenio.

El ministerio público establece que si bien la Fase III de Transmilenio involucra varias troncales, la investigación se refiere exclusivamente a los contratos que están relacionados con la ejecución de las obras de la calle 26 y la carrera 10, teniendo en cuenta que estas fueron las obras priorizadas por la administración.

Frente a las inconsistencias en el manejo de los anticipos, el Ministerio Público elevó pliego de cargos contra la señora Liliana Pardo quien en su condición de directora del IDU, habría suscrito el Otrosí número 2 el 16 de octubre de 2008 mediante el cual disminuyó los requisitos señalados en el contrato principal de obra, para el desembolso, vigilancia y control del anticipo.

Adicionalmente, habría expedido un memorando que modificó los instrumentos de control del Manual de Interventoría “en contra de los intereses de la administración y del interés general, que le exigen el cuidado y manejo esmerado del patrimonio público”.

En igual sentido se elevó cargo disciplinario al entonces Subdirector General Jurídico a cargo de la coordinación de las acciones jurídicas del IDU, Inocencio Meléndez.

En cuanto a la adquisición y puesta a disposición de los predios: se le elevó pliego de cargos a la señora Marta Castrillón, quien en su condición de Directora Técnica de Predios del IDU, habría incurrido en falta disciplinaria al no adelantar con eficiencia el procedimiento legal para la adquisición de predios necesarios para la ejecución de las Troncales de la calle 26 y la carrera 10 de la Fase III de Transmilenio.

Con relación a los estudios y diseños para la ejecución de las obras de la calle 26 y la carrera 10, se cuestiona la conducta de la señora Liliana Pardo quien expidió los Otrosí del 16 de octubre, 23 y 29 de diciembre de 2008, mediante los cuales se habría permitido a los constructores a través del concepto “actualizar” “adelantar las actividades que el contratista deba ejecutar para superar ‘posibles faltantes de diseño’, a pesar de conocer la existencia de los contratos de consultoría 129 y 133 de 2005, celebrados para la elaboración de los diseños de la fase III de Transmilenio, los cuales se encontraban vigentes para la fecha de los hechos, por no haber sido liquidados”.

La figura del otrosí suscrito por la entonces directora del IDU el 16 de octubre de 2008, habría sido utilizada para hacer modificaciones sustanciales a los contratos, consideró la Procuraduría.

Por estos hechos también se elevó pliego de cargos contra Inocencio Meléndez, en su condición de Director Técnico Legal del IDU; Carmen Elena Lopera, en su condición de Directora Técnica de Construcciones; Aldemar Cortez Salinas, en su calidad de Subdirector Técnico de Ejecución de obras; Luis Esteban Prada, en su calidad de Subdirector General Técnico y Carmen del Rosario Silgado, Subdirectora Técnica de Contratos y convenios para la época de los hechos.

La Procuraduría investiga también las presuntas irregularidades presentadas en el procedimiento de imposición de multas a los contratistas del proyecto Transmilenio Fase III, las cuales no se habrían adelantado oportunamente ante el incumplimiento de las metas físicas y cronogramas de obra proyectados durante la ejecución de los cinco contratos.

Al parecer, la señora Carmen Elena Lopera Fiesco, en su calidad de Directora Técnica de Construcciones no habría adelantado oportunamente los procesos administrativos de imposición de multas, ante el incumplimiento en las metas físicas y cronogramas de entrega de obras por parte del interventor de uno de los contratos suscritos.

También se cuestiona disciplinariamente al señor Inocencio Meléndez, Subdirector General Jurídico a cargo de la coordinación de las acciones jurídicas del IDU para la época de los hechos y la señora Clemencia Cantini, Directora de Gestión Contractual.

Respecto a los proyectos de valorización añadidos como obras a ejecutar incorporadas mediante contratos adicionales, dentro de los contratos de la fase III de Transmilenio, la Procuraduría encontró que la entonces directora del IDU habría suscrito un contrato adicional con el fin de construir las obras correspondientes a los proyectos de la Avenida Mariscal Sucre de Avenida Jiménez a Avenida Comuneros y de la Avenida Mariscal Sucre de Avenida Comuneros a Avenida 1 Hortúa “contemplados como obras a ejecutar mediante contribución por valorización”, según lo establecido en el Acuerdo 180 de 2005 del Concejo de Bogotá.

En ese sentido, advierte el Órgano de Control que la señora Pardo Gaona habría desconocido el principio de transparencia, por cuanto habría utilizado la figura del contrato adicional para omitir el proceso licitatorio y eludir la selección objetiva que debía efectuarse para escoger al contratista que ejecutaría los proyectos de valorización ya mencionados “agregando obras totalmente independientes, que no resultan necesarias para cumplir la finalidad que pretende satisfacer el contrato original (adecuación de la calle 26 y la carrera 10 al sistema Transmilenio), que debían haber sido licitadas e iniciada su construcción varios meses atrás y que involucran un objeto distinto y más complejo(…)”.

Igual situación se presentó con la suscripción de otros contratos adicionales dentro de la fase III de Transmilenio.

Por estos hechos posiblemente irregulares se formuló cargo disciplinario a Luis Eduardo Montenegro, Subdirector General de Infraestructura para la época de los hechos; Luis Esteban Prada en su calidad de Subdirector General Técnico; Carmen Elena Lopera, Directora Técnica de Construcciones; Aldemar Cortez Salinas, Subdirector Técnico de Ejecución de obras; Inocencio Meléndez, Subdirector General Jurídico a cargo de la coordinación de las acciones jurídicas del IDU para la época de los hechos, Clemencia Cantini, Directora Técnica de Gestión Contractual y Rafael Hernán Daza Castañeda, Subdirector Técnico de Diseños y Proyectos Integrales y posteriormente Director Técnico de Diseño de Proyectos.

Los cobijados con el pliego de cargos son:

– Liliana Pardo, Directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para la época de los hechos. Faltas calificadas como gravísimas y graves.

– Inocencio Meléndez, Subdirector General Jurídico a cargo de la coordinación de las acciones jurídicas del IDU para la época de los hechos. Faltas calificadas como gravísimas.

– Marta Castrillón, en su condición de Directora Técnica de predios. Falta calificada como grave.

– Carmen Elena Lopera, Directora Técnica de Construcciones, funcionaria a cargo de coordinar la ejecución de los proyectos de construcción, para la época de los hechos. Faltas calificadas como graves y gravísimas.

– Aldemar Cortez Salinas, Subdirector Técnico de Ejecución de obras. Falta calificada como gravísima.

– Luis Esteban Prada en su calidad de Subdirector General Técnico. Falta calificada como gravísima.

– Carmen del Rosario Silgado, Subdirectora Técnica de Contratos y convenios para la época de los hechos. Falta calificada como grave.

– Luis Eduardo Montenegro, Subdirector General de Infraestructura para la época de los hechos. Falta calificada como gravísima.

– Rafael Hernán Daza Castañeda, Subdirector Técnico de Diseños y Proyectos Integrales y posteriormente Director Técnico de Diseño de Proyectos. La Procuraduría compulsó copias por la ejecución y liquidación de los contratos de interventoría 129 y133 de 2005.

– Clemencia Cantini, Directora Técnica de Gestión Contractual. Falta calificada como grave.

Finalmente, la Procuraduría investigará de manera independiente a los siguientes consorcios y sociedades interventoras en lo relacionado con la conducta relativa a la celebración de contratos adicionales:

.Jorge Alberto Salamanca Rodríguez, Representante del Consrocio INTERCOL y Representante Legal de Investigación y Control de Calidad INCOSA S.A.

. Lilia Vargas Gómez, Gerente de la Compañía VÍAS Y AMBIENTE LTDA VIAMBIENTE LTDA y miembro del Consorcio INTERCOL.

. Augusto Rodríguez Pardo, Gerente de la Firma OBRAS Y PROYECTOS RP Y CÍA LTDA y miembro del Consorcio INTERCOL.

. Jorge Velásquez, Representante legal de la firma GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA GPI LTDA y miembro del Consorcio INTERCOL.

. Miguel Ángel Botero Giraldo, Representante del Consorcio IML
y Representante legal de MAB Ingeniería de Valor y miembro del Consorcio IML.

. Luis Rocha, Representante de LATINOCONSULT y miembro del Consorcio CONSULTORÍA INGECON S.A. y miembro del Consorcio IML.

. Juan Manuel Méndez Pira, Representante Legal de la firma PYRY INFRA S.A.

. Daniel Rebolledo Delgado, Representante Legal de INGETEC.
. Nicolás Giraldo Bedoya, Coordinador del Contrato 137 de 2007.