Según el presidente (e) de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, a reparación a las víctimas del conflicto armado sí puede resultar generando fracturas en las finanzas públicas.

El magistrado recalcó que a los casos de reparación individuales no les caben objeciones, pero cuando se trata de resarcir colectivamente a los afectados, en materia de infraestructura de sus respectivas poblaciones de origen, los jueces deben revisar qué tan realizables son sus peticiones frente a la capacidad de las instituciones.

Según puntualizó, no puede esperarse que todos los operadores jurídicos ordenen la construcción de carreteras y de diferentes obras infraestructurales de gran magnitud a una escala tan elevada.

Arrubla dijo también que es necesario conformar una Comisión de la Verdad para esclarecer todos los crímenes del paramilitarismo, propuesta que, justamente, surgió en desarrollo del mismo encuentro, que fue convocado en 2009.