El Senado francés aprobó el viernes la reforma de la jubilación impulsada por el presidente conservador Nicolas Sarkozy, pese al rechazo mayoritario de los franceses en manifestaciones, que se repetirán en las próximas semanas, y huelgas que provocaron escasez de combustible.
El proyecto de ley fue respaldado por 177 senadores de la oficialista Unión para un Movimiento Popular (UMP, derecha) y centristas, y rechazado por 153 senadores de la oposición socialista, comunista, radicales y verdes.
“Llegará el día en que los adversarios de esta reforma estarán agradecidos al presidente de la República, al gobierno y a la mayoría gubernamental”, declaró el ministro de Trabajo, Eric Woerth, minutos antes de la votación.
La reforma que contra viento y marea llevó adelante el presidente conservador Nicolas Sarkozy, en el poder desde mayo de 2007, elevará de 60 a 62 años la edad mínima para jubilarse, de 65 a 67 años la edad para cobrar una pensión completa y de 40,5 a 41,3 los años de aportes.
La reforma, que pondrá fin a un “símbolo” de los años 80, durante la presidencia del socialista Francois Mitterrand, es rechazada por sindicatos y la oposición de izquierda por considerarla “injusta” pues el grueso de la carga financiera de las futuras jubilaciones recaerá en los más modestos.
Tras su aprobación en la Asamblea nacional (cámara de Diputados) el 15 de septiembre, y el viernes en la cámara Alta, el proyecto de ley será aprobado definitivamente el miércoles por los diputados, como preveía el ejecutivo, poniendo fin a tres semanas de batalla en el hemiciclo y también en la calle.
Tras seis jornadas nacionales de manifestaciones y huelgas desde principios de septiembre que movilizaron a entre 825.000 y 3,5 millones de personas según policía y sindicatos, y con el respaldo del 70% de los franceses, las centrales obreras convocaron a dos nuevas jornadas nacionales de protesta: el jueves 28 de octubre y el sábado 6 de noviembre.
Las protestas, que en los últimos diez días se concentraron en el sector petrolero en vísperas de 10 días de vacaciones de la “Toussaint” (Día de todos los santos) que arrancan este sábado, llevaron al gobierno a tomar medidas para frenar la amenaza de una parálisis por falta de combustible.
El viernes a la mañana la policía despejó el acceso a la refinería de Grandpuits, una de las seis del grupo francés Total, a 54 km de París.
Los gendarmes, sin cascos ni porras en las manos, según un periodista de la AFP, desalojaron a los manifestantes “en calma”, según el ministerio del Interior, en cumplimiento de un decreto que ordenaba “requisar” al personal y al combustible de esa planta en nombre de la “tranquilidad y la seguridad públicas”.
AFP
