El Congreso español instó al Gobierno de Venezuela a cooperar en la lucha contra Eta, mientras cursa una investigación por acusaciones de España de que presuntos miembros de la banda armada fueron entrenados en el país vecino.
En una moción presentada por el opositor Partido Popular, el Congreso instó al Gobierno español a exigir a su homólogo venezolano la máxima colaboración política y judicial en la lucha contra Eta y otros grupos terroristas.
“Solicitar a las autoridades venezolanas la investigación y persecución de los casos de cooperación, connivencia, apoyo, financiación o entrenamiento de cualquier grupo terrorista que haya acontecido en Venezuela”, precisó la moción, según un comunicado difundido por el Congreso.
El Congreso instó además al Gobierno español a “redoblar los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo más allá de nuestras fronteras, siendo especialmente vigilante ante los santuarios presentes o futuros de grupos terroristas como Eta o de cualquier otra naturaleza”.
La declaración parlamentaria, con 323 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención, solicitó especial atención al caso del presunto “etarra” Arturo Cubillas, residente en Venezuela, cuya extradición fue solicitada recientemente por la Audiencia Nacional.
La Audiencia le atribuye a Cubillas ser responsable del colectivo de Eta en Venezuela y coordinador de las relaciones con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde 1999.
Cubillas ha ostentado cargos públicos durante la presidencia del venezolano Hugo Chávez y es ciudadano de ese país sudamericano.
El magistrado Eloy Velasco reclamó la semana pasada la extradición de Cubillas por un presunto delito de conspiración para cometer homicidios terroristas y otro de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada terrorista. Ambos delitos suman una posible condena de hasta 30 años de cárcel.
Previamente, Venezuela anunció que iba a investigar las actividades de Cubillas y las recientes acusaciones incluidas en autos judiciales de supuesto adiestramiento de etarras en su territorio.
Cubillas, que tiene abierta otra causa en la Audiencia Nacional por un delito de asesinato que se remonta a 1985, fue deportado por las autoridades francesas a Argelia en 1987 y dos años más tarde fue expulsado a Venezuela, donde adquirió la nacionalidad al casarse con una venezolana.
Reuters