La Cámara de Representantes le pidió a la Contralora General de la República Sandra Morelli Rico asumir la investigación alrededor del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, tras declarar que el Contralor Distrital Miguel Ángel Moralesrussi está impedido para conocer el caso.

La solicitud a la Contraloría fue planteada por la Comisión Primera de la corporación, que advirtió la existencia de un conflicto de intereses.

El representante Alfonso Prada, vocero del Partido Verde en la Cámara, considero conveniente que el contralor Moralesrussi se margine de las indagaciones, pues debe aclarar su situación dentro del mismo proceso por las presuntas exigencias del pago de comisiones a los contratistas.

Prada advirtió que “la ley faculta al Congreso para que cuando haya una duda razonable sobre la eficiencia y la transparencia con que se adelanten las investigaciones, podamos hacer que estas se trasladen».

Como se sabe, según la conversación telefónica grabada entre el representante Germán Olano y el empresario Guido Nule, el contralor Distrital Miguel Angel Moralesrussi exigió supuestamente el pago de una millonaria comisión por influir en la adjudicación de contratios.

El hecho fue confirmado posteriormente por el empresario Miguel Nule en declaraciones a distintos medios de información.

De acuerdo con la proposición aprobada por la Comisión Primera de la Cámara, la Contraloría General de la República deberá asumir el control de los procesos de contratación del Sistema Integrado de Transporte Público, las troncales de la calle 26, las carreras décima y séptima, el relleno de Doña Juana; el componente de recolección y barrido y limpieza de basura, y el plan de mejoramiento del río Bogotá.

El representante Alfonso Prada señalo que la Contraloría General de la Republica debe actuar ante la falta de idoneidad de la Contraloría Distrital.

Según el congresista, se debe invocar la figura del control excepcional, por ser tema de gran inversión e impacto fiscal que requieren imparcialidad e idoneidad para asumir el control del mismo.

“No es posible que el ente encargado de rescatar la ética y la moralidad pública se encuentre inmiscuido en escándalos de corrupción que develan la falta de juicio e idoneidad del mismo para manejar las funciones que le han sido encargadas”, señalo Alfonso Prada.

Mientras tanto, el ex candidato del Polo Gustavo Petro y el concejal de Bogotá, Carlos Vicente de Roux presentaron ante la Corte Suprema de Justicia sus denuncias sobre la corrupción en la administración Distrital.

Petro declaró ante el alto tribunal que el senador Iván Moreno, hermano del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, sí incidió en la adjudicación de contratos y además señalo que los actos irregularidades en la contratación, además del IDU, se presentaron también en entidades como el Acueducto, hospitales distritales y en las secretarías de Bienestar e Integración Social y de Movilidad.

A su turno, el concejal de Roux afirmó que sí hubo favorecimiento a determinados contratistas de la capital.