Como resultado de la queja presentada por la Procuraduría General de la Nación ante el Consejo Superior de la Judicatura , por la actuación de jueces de la República que de manera irregular fallaron tutelas que afectaban Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) de Telecom, se han adelantado investigaciones disciplinarias y en el caso de la Juez Promiscua Municipal de Arboletes, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico profirió pliego de cargos por la presunta responsabilidad en la comisión a título de dolo de prevaricato por acción, la cual constituye una falta gravísima.

Antecedentes

En el marco del proceso de liquidación de Telecom, se constituyó el Patrimonio Autónomo Remanente (PAR), encargado de administrar, enajenar y sanear los activos no afectos al servicio, garantizar la administración, conservación, custodia y transferencia de los archivos, atender la obligaciones remanentes y contingentes, y los procesos judiciales o reclamaciones en curso al momento de la terminación del proceso liquidatorio.

En el año 2009 se registró una “avalancha” de acciones de tutela interpuestas por ex servidores de Telecom, quienes reclamaban por terminación indebida de contratos, inobservancia del Retén Social, entre otros aspectos que a su juicio afectaron sus derechos fundamentales.

En varios juzgados del país, especialmente en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Antioquia , se aceptaron estos argumentos y se ordenaron multimillonarios embargos a los recursos del PAR. Una vez se proferían dichos fallos de tutela, inmediatamente se desembolsaban los recursos a los beneficiarios; cuando los procesos pasaban a segunda instancia y se negaban las pretensiones de quien instauraba la tutela, ya los dineros se habían entregado.

El gerente del PAR puso el tema en conocimiento de la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social , que procedió a interponer denuncia por estos hechos ante la Fiscalía General de la Nación y queja ante el Consejo Superior de la Judicatura.

La acción de la Procuraduría ha evitado que a través de nuevos fallos de tutela improcedentes se ordene el desembolso de cuantiosas sumas que generan detrimento patrimonial, el cual hasta el 2009 ascendía a 600.000 millones de pesos.