Según el vicepresidente, Angelino Garzón, el gobierno nacional trabaja en la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tendría carácter permanente, tendrá la participación de la sociedad civil y estará acompañada de la comunidad internacional.

El tema de los derechos humanos va a ser una “política permanente, de Estado”, prometió Garzón en una rueda de prensa que ofreció en Bogotá al término de una reunión con embajadores de los países emergentes, agrupados en torno al G24, y representantes de las Naciones Unidas en Colombia.

“Vamos a denunciar desde el Gobierno cualquier atropello a los derechos humanos”, dijo Garzón, quien agregó que también se llegó a un acuerdo para configurar un grupo de abogados penalistas que haga un seguimiento detenido a los casos de violaciones a esos derechos en Colombia.

Cada vez es más claro que la preocupación por la situación de los Derechos Humanos en Colombia mantiene paralizado en el Congreso de Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado por ambos países en 2006.

Desde su llegada al poder en agosto pasado, el presidente Juan Manuel Santos, ha puesto en marcha iniciativas para garantizar el respeto a esos derechos, como la Ley de Víctimas, que busca reparar a más de cuatro millones de afectados por el conflicto armado sin discriminar si los victimarios fueron guerrillas, paramilitares o agentes del Estado.

Al menos 22 activistas, uno de ellos también periodista, y un juez murieron durante los primeros 75 días del Gobierno de Santos, según un informe de grupos pro derechos humanos, presentado el jueves en Washington.

El Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) y otras organizaciones expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el documento, basado en datos de una plataforma que reúne a cerca de 200 entidades en pro de Derechos Humanos, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEEU).

EFE