El mejoramiento de los mecanismos de cooperación entre las entidades de control para luchar contra la corrupción y el desarrollo de una verdadera política criminal, fueron planteadas en la Comisión Primera del Senado, en el marco de una audiencia sobre la urgencia que tiene el país y la finanzas nacionales para erradicar la corrupción.

A la sesión de trabajo asistieron el vicefiscal, Fernando Pareja; el procurador, Alejandro Ordoñez, y el ministro del Interior, Germán Vargas, comprometidos en el análisis del proyecto de ley 142 que busca impedir prácticas de corrupción en la contratación pública, definida en la ley 80.

En esas condiciones, se busca garantizar que la nueva ley cuente con herramientas para frenar actos que van contra los recursos públicos y señala la aplicación de sanciones severas a quienes la ejerzan.

Durante la jornada se dio una discusión en la que el Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, argumentó la necesidad de reglamentar el llamado «cabildeo» o «lobby», tal como está contemplado en el proyecto de ley del Estatuto Anticorrupción, presentado por el Gobierno.

Vargas Lleras afirmó que con este paso se da mayor transparencia y divulgación al proceso de formación de las leyes y a la toma de decisiones en la administración pública. «La ciudadanía podrá conocer el registro de quienes adelantan el cabildeo en el Legislativo y en las diferentes entidades del Estado, con el único propósito de que se gobierne en una urna de cristal», dijo.

A su turno, el procurador Alejandro Ordóñez, dijo sobre el mismo tema que tiene serios reparos porque conn el «lobby» o «cabildeo» el interés general se afectaría. «Algo que está afectando a los órganos de control es la cooptación de las funciones para que desde allí se elaboren las políticas públicas, las normas legales y las decisiones administrativas, incluso las de carácter sancionatorio y judicial», señaló al advertir que no le encuentra justificación a esa iniciativa en el proyecto.

Para el coordinador de ponentes, senador Manuel Enrique Rosero (Partido de la U), la iniciativa gubernamental recoge las medidas administrativas para atacar la corrupción, el clientelismo, impedir las conexiones ilegales entre los particulares y la Administración Pública a través de la financiación ilegal de las campañas políticas. «Para este efecto, dijo, se prohíbe que quienes financien procesos electorales se beneficien de contratos públicos».

Por su parte, el vicefiscal Fernando Pareja advirtió que «de aprobarse el estatuto anticorrupción, se necesitaría duplicar la nómina de la entidad», al recordar que se construyeron diez cárceles y éstas ya presentan hacinamiento, razón por la cual «se requerirían más cupos carcelarios y mayor capacidad en la policía judicial, en la Fiscalía y en los juzgados y tribunales, para cumplir con esa disposición porque se requiere una verdadera política criminal contra la corrupción».

El reciente informe de Transparencia Internacional refleja la dimensión del problema, ya que en el índice de percepción mundial de la corrupción,Colombia ocupa el lugar 105 entre 180 Estados evaluados, con apenas 2,9 puntos sobre 10, lo cual hace que se perciba la corrupción como «desenfrenada».

Transparencia Internacional la define como el mal uso del poder encomendado, para obtener beneficios particulares en detrimento del interés colectivo. Incluye tres elementos: el mal uso del poder; un poder encomendado por el sector público o privado y un beneficio privado de quien ostenta el poder.