El pacto fue suscrito por la Secretaría de Gobierno, la alcaldía local de Teusaquillo, la Policía Metropolitana, los comerciantes y la comunidad en general, quienes buscan hacer de las zonas de rumba de la localidad, un sitio seguro y amable.

Los compromisos adquiridos por la Policía Metropolitana y la Administración Distrital, mediante las secretarías de Gobierno, Movilidad, Hábitat y Ambiente, la UAESP, la Alcaldía Local y el Hospital de Chapinero, comprenden la iniciación de mesas de trabajo con los empresarios de la localidad, en especial con los dueños de parqueaderos.

En este punto, el objetivo es consolidar una oferta pública para los clientes de la rumba y los mecanismos de promoción del servicio. Así mismo, adelantar los estudios necesarios y avanzar en los respectivos acuerdos legales, que permitan la organización del servicio de taxis en el sector.

La Policía Comunitaria desarrollará una campaña de autocuidado en el sector, además, la Cámara de Comercio se compromete a desarrollar campañas para la prevención del delito con los propietarios de los negocios y los residentes. Así como fortalecer la seguridad privada en la zona.

Por su parte, los comerciantes se comprometieron a:

• Fortalecer la vigilancia, para restringir la movilización de menores en el sector.

• Comprar licor sólo en establecimientos legales.

• Finalizar el expendio y venta de bebidas embriagantes a las 2:30 a.m. y dar por terminada la actividad comercial a las 2:40 a.m., para ello, se dispondrá de un tiempo prudencial de 20 minutos para evacuar el establecimiento comercial y tenerlo libre de clientes a las 3:00 a.m.

El pacto también comprende el incremento de controles al consumo de droga, para lo cual habrá una coordinación con los comerciantes, con el objetivo que denuncien este tipo de situaciones.

Por su parte, la alcaldía local de Teusaquillo priorizará el mejoramiento de la estado de la malla vial de la zona, así como el del alumbrado para garantizar la seguridad.

“Lo que se busca con el pacto es que los bogotanos y bogotanas comprendan que la convivencia y la seguridad son un bien público, susceptible de ser coproducido y asumido por diferentes actores en los territorios”, afirmó la secretaria de Gobierno, Olga Lucía Velásquez.