Por el hurto de más de 900 millones de pesos de la nómina de funcionarios y empleados judiciales de Santa Marta, un juez de control de garantías de esa capital profirió medida de aseguramiento intramuro en contra de Francisco Franco y Miguel Antonio Anaya Lambraño.

La medida privativa de libertad, solicitada por un fiscal seccional, está relacionada con lo ocurrido en marzo de 2009, cuando por medios electrónicos se produjo la transferencia a cuentas particulares del dinero destinado al pago de miembros de la Rama Judicial.

Adelantada la investigación, la Fiscalía estableció que los hermanos Anaya Lambraño fueron los presuntos hackers y los cabecillas del ilícito por lo que este fin de semana se produjo su captura en el municipio de Pueblo Nuevo (Magdalena), y quedaron recluidos en la cárcel Rodrigo Bastidas de Santa Marta.

Por los mismos hechos otras 17 personas están aseguradas en Bogotá, Barranquilla y la capital del Magdalena.