La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia aprobada por el Congreso de la República en 2009, según la entidad, por errores en la forma en que se tramitó el proyecto en el legislativo.

Según la Corte, en realidad se trataba de una Ley estatutaria, es decir que modificaba la Constitución Política, pero fue presentada como una Ley ordinaria; y por modificar la Carta, debía contar con la aprobación de la Corte Constitucional antes de entrar en vigencia.

Los demandantes, la Comisión Colombiana de Juristas y la Corporación Reiniciar, buscaban que la Corte evitara la extralimitación de funciones de algunos organismos, en detrimento de las garantías fundamentales de la ciudadanía.

A través de esta plataforma se fijaban los parámetros legales que tenían a su haber las Fuerzas Militares, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, para adelantar labores de inteligencia.

Según la Corte, la norma toca derechos fundamentales, como la intimidad y el habeas data, que no pueden ser afectados sino a través de una ley especial, y en este caso no se dio.

Esta norma era la única expedida en Colombia para evitar actividades ilegales como las ‘chuzadas’, pues establecía procedimientos y responsabilidades claras sobre el trabajo de las agencias de seguridad del Estado.

La ley castigaba con penas de hasta 12 años seguimientos por razones políticas como los que se dieron en el DAS contra magistrados, políticos, periodistas y ONG en medio del escándalo de las ‘chuzadas’.