Con base en la información remitida por la DIJIN, proveniente de los hallazgos en los dispositivos incautados en la operación “Sodoma” en la que resultó abatido alias “el Mono Jojoy”, el Procurador General, Alejandro Ordoñez, ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra Piedad Córdoba.

Según comunicado de la Procuraduría, en la documentación estudiada, en un aparte denominado “Actividades de financiamiento de la senadora Piedad Córdoba desde Venezuela”, se relacionan correos electrónicos entre diferentes personas, dentro de las que se encuentra el señor Ricardo Montenegro, ex candidato a la Cámara de Representantes para el periodo 2010-2014, persona con la que al parecer se realizaban transacciones financieras desde Venezuela hacia Colombia.

Así mismo, y en virtud de información oficial relacionada con los ingresos y gastos de la campaña de Ricardo Montenegro, al parecer la ex senadora habría efectuado contribuciones o donaciones a dicha campaña.

Para la Procuraduría se presenta una situación que en un primer análisis permite vislumbrar una presunta conducta con trascendencia disciplinaria, al desconocerse la prohibición para los funcionarios públicos de hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos.

Por otra parte, en los computadores del Mono Jojoy se hallaron documentos y correos electrónicos que evidencian los vínculos de la ex senadora con las FARC. Además, el informe de la DIJIN reportó interceptaciones telefónicas legales de conversaciones entre la entonces parlamentaria y miembros de la guerrilla, especialmente alias “Manolo” del frente 30 de las FARC.

Piedad Córdoba ya había sido investigada y sancionada por actividades de promoción y colaboración con las FARC y esta nueva información corrobora los hechos que la Procuraduría analizó para decidir su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 18 años.

Finalmente, la Procuraduría compulsó copias del abundante material probatorio a la Corte Suprema de Justicia con el fin de que sea tenida en cuenta y se avance en la investigación penal que adelanta dicho organismo.