En el Instituto colombiano de Desarrollo Rural, Incoder ahora se ventila un nuevo escándalo, tras declaraciones de su actual director, Juan Manuel Ospina, quién afirma que en una época «a más de un subgerente de la institución se le podía identificar con un jefe paramilitar».

Según declaraciones de Ospina a la unidad investigativa del Diario El Tiempo en su edición dominical, “hay evidencia de que 222.000 hectáreas – aproximadamente dos veces Bogotá – fueron arrebatadas por los paramilitares a desplazados en los departamentos de Bolívar, Chocó, Magdalena, Antioquia y Cesar”.

Según las indagaciones del equipo periodístico, entre 1997 y 2003, en el INCODER se modificaron por documentos falsos, resoluciones y libros de registro, adjudicando un gran número de hectáreas a testaferros de paramilitares.

En 2007 apareció el lugarteniente de Vicente Castaño, Ricardo Zapata, en las oficinas del INCODER para “legalizar” dichas resoluciones. Sus visitas estuvieron precedas o acompañadas del lobbysta Óscar Iván Palacio y el político conservador, Óscar Bustamante.

También se reporta el caso de Jairo Brugés, asesor del ex ministro de Agricultura y de un ex presidente de Finagro, quién pertenecía a la firma Uralpalma que obtuvo créditos del BanAgrario (con incentivos) y de Finagro por más de 4.500 millones, y despojó tierras a comunidades afrodescendientes en el Chocó.

Por ese caso (el del Chocó) y por otros de diferente tipo, el Incoder investiga a 53 funcionarios y en tres años ha destituido a 26.

Parte de esta información ya está en manos del presidente Santos, quien deberá decidir si hay mérito suficiente para intervenir a la entidad.