Los documentos revelados por WikiLeaks muestran la desconfianza de Washington por el papel de los militares mexicanos en la lucha antidrogas y el interés de México por obtener apoyo de Brasil para mermar la influencia de Venezuela en la región.

Comunicaciones enviadas a Washington desde la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México revelaron que diplomáticos estadounidenses consideran al ejército mexicano como “lento y con aversión al riesgo”, al tiempo que cuestionan su rol en las operaciones contra los carteles de la droga.

El gobierno mexicano reprobó en un comunicado las revelaciones que calificó de ilegales. Los documentos filtrados “son parciales e inexactos, y reflejan una selección y una visión cuyos criterios se desconocen”, señaló la cancillería en un comunicado.

El embajador estadounidense Carlos Pascual también restó importancia este viernes a las revelaciones y en referencia a México señaló que “no hay relación más importante para los Estados Unidos en el mundo y ninguna acción ilegal la va a socavar”.

Uno de los documentos indica que México alertó a Estados Unidos del activismo del presidente venezolano Hugo Chávez en América Latina y le pidió comprometer a Brasil para frenarlo.

Brasil es “clave para contener a Chávez”, habría dicho Calderón en una reunión celebrada en octubre de 2009 con Dennis Blair, entonces director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos.

Según el cable del embajador Pascual, Calderón lamentó que el presidente Luiz Inacio Lula da Silva haya sido renuente a contener a Chávez. “Estados Unidos necesita comprometer más a Brasil e influir en su perspectiva”, añade la comunicación que relata la reunión.

El presidente mexicano confió al funcionario estadounidense que “México está tratando de aislar a Venezuela a través del Grupo de Río”, además de manifestarle su especial preocupación por las relaciones de Venezuela con Irán y su creciente influencia en América Latina.

“Hay un vínculo entre Irán, Venezuela, drogas, traficantes de drogas y asuntos relativos al estado de derecho”, concluye el texto enviado a Washington.

Pero la mayor parte de las referencias reveladas hasta ahora se refieren a la virulencia de la actuación del narcotráfico en México y la preocupación por la desestabilización creada por la violencia criminal sobre todo en los estados de la frontera.

Los militares mexicanos no estan entrenados para “patrullar las calles o imponer la ley. No tienen la autoridad para recoger pruebas y presentarlas ante la judicatura. Resultado: las detenciones se disparan pero las acusaciones se mantienen invariables”, indica uno de los cables.

Ese texto en particular se refiere a la decisión del presidente mexicano Felipe Calderón de retirar en abril a unos 8.000 militares de la fronteriza Ciudad Juárez, cuestionados por violaciones a los derechos humanos.

En otro texto, la embajada estadounidense informa de tensiones entre el Ejército y la Marina de guerra, y su descoordinación en la persecución de los capos.

En una de esas referencias, asegura que en octubre de 2009 el general Guillermo Galván, secretario (ministro) de la Defensa y jefe del Ejército, propuso aplicar el estado de excepción en algunas regiones del país, solicitud rechazada por el Ministerio del Interior.

El gobierno de México ha señalado en diversas ocasiones la corresponsabilidad de Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas en el mundo y proveedor de armas a los cárteles del narcotráfico en México.

Calderón, al llegar al poder en diciembre de 2006, involucró a los militares en persecución de los carteles del narcotráfico, desplegando a unos 50.000 uniformados en diferentes regiones del país.

Desde entonces se han registrado más de 28.000 muertes atribuidas a los carteles y a las operaciones para perseguirlos.

APF