Con 48 votos a favor y 28 en contra, la Plenaria del Senado aprobó el proyecto de Acto Legislativo “Por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho”.

El proyecto tiene como propósito incorporar el concepto de “sostenibilidad fiscal”, como requisito indispensable para garantizar los derechos fundamentales de los colombianos como lo establece el Estado Social de Derecho y modifica el artículo 334 de la Constitución Política.

En el debate de la iniciativa, los partidos Liberal, Verde, Polo Democrático, Mira y representantes indígenas argumentaron su voto negativo porque, según sus voceros, atenta contra la Constitución del 91 en la defensa de los derechos fundamentales y rompe la división de poderes consagrada en la Carta Fundamental.

Intervinieron para exponer los argumentos en contra de la iniciativa los senadores Luis Fernando Velasco, Jesús Ignacio García, Arleth Casado, y Juan Fernando Cristo (Partido Liberal); Félix Valera y Jorge Eduardo Londoño (Partido Verde); Carlos Baena (Movimiento Mira), y Jorge Enrique Robledo, Gloria Inés Ramírez y Mauricio Ospina.

Aprobado el segundo debate del Acto Legislativo en el Senado, pasa ahora a la Cámara de Representantes.

Elevada a rango Constitucional, la sostenibilidad fiscal es un principio mediante el cual todos los actos y acciones programadas deben tener respaldo en los recursos del Estado para que ningún proyecto o decisión puede afectar el presupuesto nacional.

La iniciativa aprobada señala que el Gobierno debe estar comprometido con el logro de los objetivos de política económica, inflación baja y estable y sostenibilidad fiscal, que permita garantizar la efectividad de las políticas de estabilización macroeconómica al minimizar las fluctuaciones de cualquier ciclo económico.

La iniciativa es de autoría del Ministerio de Hacienda, y tuvo ponencia positiva de los senadores Juan Carlos Vélez (Partido de la U) y Roberto Gerlein (Partido Conservador).

Los congresistas Juan Fernando Cristo (Partido Liberal), Iván Moreno (Polo Democrático), Juan Carlos Rizzetto (Partido PIN) y Jorge Eduardo Londoño (Partido Verde), rindieron ponencia negativa.

Para el ponente coordinador, senador Juan Carlos Vélez (Partido de la U), “las Ramas y Órganos del Poder Público, tienen la obligación de colaborar armónicamente entre sí para alcanzar la sostenibilidad fiscal, en beneficio de todos los colombianos”.

“Al dársele vía libre, según el senador Vélez, los sectores públicos deben trabajar armónicamente con el Plan Nacional de Desarrollo y la ley anual de presupuesto, con el fin hacer realidad la sostenibilidad de las finanzas públicas y asegurar que prime siempre el interés general sobre el particular”.

Opositores del proyecto

El senador Jesús Ignacio García (Partido Liberal), fue enfático en señalar que su colectividad está en contra del proyecto porque “rompe la columna vertebral del Estado Social de Derecho. Somete la tutela a la sostenibilidad fiscal. Le da entierro de tercera a la Constitución de 1991. La economía debe estar al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la economía, como lo repetía Jorge Eliecer Gaitán”.

El senador Luis Carlos Avellaneda (Polo Democrático), al explicar el voto negativo de su partido, dijo “con este proyecto se pretende liquidar la Constitución del 91. No nos oponemos a que haya disciplina fiscal, consideramos que se debe tramitar por ley ordinaria y no elevándola al rango Constitucional. Es irracional. Vamos a pasar de una Constitución al servicio del ser humano a una Constitución al servicio de la economía”.

Sin embargo, hubo posiciones diferentes como la del senador Juan Fernando Cristo, quien explicó que “el Partido Liberal tiene el propósito de tener un presupuesto equilibrado, pero se puede alcanzar a través de la ley de regla fiscal que se ha venido debatiendo y que el liberalismo apoya, sin necesidad de introducir un cambio estructural a la Carta Política como el que contempla esta iniciativa”.

El senador Luis Fernando Velasco (Partido Liberal) dijo “con este proyecto no habrá salud en Colombia, no habrá educación para los niños, porque antes que los derechos fundamentales debe estar la economía. Los ciudadanos indefensos acuden a la acción de tutela, pero aprobado este proyecto les van a decir que sí, pero no hay plata. Se entierra la acción de tutela”.

El senador Jorge Eduardo Londoño (Partido Verde), al explicar su voto negativo dijo “este proyecto acaba con el Estado Social de Derecho y acaba con el espíritu garantista de la Constitución del 91. El juez está supeditado al vaivén de las circunstancias económicas y pierde la libertad en la aplicación de los fallos”.

El senador Félix Valera (Partido Verde), recalcó la necesidad de impedir que se eleve al rango de principio constitucional la sostenibilidad fiscal “porque en realidad es una herramienta pero de ninguna manera un derecho fundamental” y pidió “evitar que desde el Congreso se haga un retroceso en los logros alcanzados en la Constitución del 91 por cuenta de la incapacidad del Estado de atender los deberes que consagra el Estado Social de Derecho para quienes nazcan en suelo colombiano”.

La senadora Gloria Inés Ramírez (Polo Democrático), dijo que “en las condiciones que está presentado el proyecto de sostenibilidad fiscal, es claro que es una herramienta contra el derecho de tutela, quizá el mecanismo más importante que tienen los colombianos para hacer respetar sus derechos cuando son vulnerados por el propio establecimiento”.

La senadora Arleth Casado (Partido Liberal), dijo plegarse a la posición de su colectividad porque “de lo que se trata es de garantizar la independencia de la rama jurisdiccional para pronunciarse cuando un colombiano considere que debe recurrir a los estrados judiciales para que se le atiendan sus derechos fundamentales”.