La bancada del Polo Democrático votó negativamente la ley ordinaria que reforma el sistema de salud, confirmó su vocero, el senador Jorge Robledo.
Según el congresista, los parlamentarios polistas señalaron que el proyecto ahonda la mercantilización de un derecho esencial porque, al igual que los decretos de la emergencia social, restringe aún más la salud de los colombianos para beneficiar a unos cuantos negociantes.

“La reforma aprobada por el Senado limita la acción de tutela, principal mecanismo con el que cuentan los usuarios para acceder a los servicios de salud. El principio de sostenibilidad fiscal que consagra el proyecto condiciona las decisiones de los jueces a las exigencias del Ministerio de Hacienda para evitar tocar la riqueza de los monopolios nacionales y extranjeros. Además, los usuarios no podrán interponer tutelas para acceder a medicamentos y tratamientos no POS hasta tanto no haya una decisión de un Comité Técnico de las EPS y de la Superintendencia Nacional de Salud, alargando un trámite que en muchos casos puede tener consecuencias catastróficas”, explicó.

A su juicio, “los usuarios seguirán supeditados a un Plan Obligatorio de Salud insuficiente, con el agravante de que se mantiene la inequidad entre el régimen contributivo y el subsidiado. Quienes necesiten de servicios por fuera del POS deberán comprar seguros de salud a las propias EPS u otras aseguradoras, con lo que se profundiza la lógica neoliberal de la Ley 100 de condicionar a la capacidad de pago el acceso a los servicios”.

Además dijo que “no se elimina la intermediación financiera, el principal problema del sistema. Por el contrario, se fortalecen los intereses de los negociantes porque la reforma garantiza el pago de las deudas en favor de las EPS, pero guarda un silencio cómplice sobre los cerca de 7 billones de pesos que las empresas les deben al Fosyga y a los hospitales. También ahonda el proceso de privatización de la red pública hospitalaria”.

Finalmente, sostuvo que “siguiendo la orientación de la emergencia social, se crean guías y estándares que lesionan la autonomía médica y violan abiertamente la autonomía universitaria al obligar a las universidades a formar a los estudiantes de medicina en el marco de la sostenibilidad fiscal”.