La Procuraduría General de la Nación formuló un llamado de atención al Gobierno Nacional y a los mandatarios departamentales y locales, para que a la par con la adopción de medidas de carácter coyuntural para la atención de la población afectada, se implementen políticas y estrategias de corto, mediano y largo plazo que permitan contar a futuro con instrumentos más idóneos para afrontar las consecuencias del cambio climático, que ya está produciendo efectos sobre la geografía nacional.

El Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Óscar Darío Amaya Navas, en comunicado dirigido a la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero, resaltó cómo durante los últimos años y especialmente en lo que va corrido del 2010, se han acrecentado de manera extrema los periodos de lluvia en casi todo el territorio nacional produciendo, además de un aumento en el riesgo por inundaciones y los consecuentes perjuicios a la vida y a la salud de la población, saturación en la infraestructura básica de servicios públicos como los sistemas de drenajes y alcantarillados. Los informes oficiales señalan fuertes cambios en las tendencias climáticas del país.

En razón de lo anterior, el Procurador Delegado enfatizó en la necesidad de diseñar e implementar, tanto en el ámbito nacional como regional y local, acciones dirigidas a mejorar la adaptación al cambio climático, lo cual conlleva, en términos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de todas las entidades que integran el Sistema Nacional Ambiental, acciones urgentes para estimar el riesgo y la vulnerabilidad sectorial y regional, incluyendo estudios y análisis de mayor precisión, que valoren sus impactos económicos, sociales y ambientales, acciones preventivas, análisis de riesgo y de costo efectividad, así como una estrategia de financiación y de cooperación integral nacional, con la participación de los sectores privados y públicos nacionales y territoriales.

En concepto de la Procuraduría, es importante para Colombia actualizar e incorporar la variable del cambio climático como una determinante ambiental dentro de las consagradas en la Ley 388 de 1997, e instar a las autoridades municipales a tenerlo en cuenta en los procesos de actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) que deben realizar cada doce años.

Una estrategia urgente y viable en materia de adaptación al cambio climático la constituye la actual revisión que están realizando los alcaldes de su esquema de ordenamiento territorial. Se requiere de manera prioritaria que los mandatarios locales incluyan y refuercen el componente ambiental en la formulación de sus nuevos POT, y para apoyar ese cometido la Procuraduría General expidió en mayo del presente año la Directiva 023 sugiriendo catorce (14) determinantes ambientales para ser tenidas en cuenta por los mandatario locales.
Conocida la importante decisión oficial de restablecer el Ministerio del Medio Ambiente, independiente del que asumirá la gestión en materia de vivienda, resulta ineludible propender en forma respetuosa y comedida por un fortalecimiento de las entidades que conforman el llamado Sistema Nacional Ambiental.

Por otra parte, la baja capacidad operativa y presupuestal de las autoridades ambientales, especialmente de las corporaciones autónomas regionales y de las corporaciones de desarrollo sostenible, para hacer frente a este tipo de situaciones, debe ser objeto de estudio por parte de los entes competentes, pues dichas entidades hacen parte del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, por mandato de la ley.

Para la Procuraduría resulta inexplicable, por ejemplo, que las autoridades ambientales encargadas de zonas muy vulnerables a los efectos del cambio climático como la Mojana, el Sur de Bolívar y la Amazonía, por mencionar sólo algunas, dependan de un exiguo presupuesto, sin el apoyo de los impuestos prediales, principal ingreso de las corporaciones autónomas regionales de las zonas más pobladas del país.

Finaliza la comunicación del Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios invitando al Gobierno Nacional a iniciar un proceso de actualización de la legislación ambiental, en general. No resulta lógico, por mencionar un solo ejemplo, que se mantenga la norma que habla de una línea de hasta treinta metros como límite de las rondas de los ríos. La fuerte ola invernal y los efectos conocidos del cambio climático imponen una revisión hacia arriba de dicha condición de protección de los cuerpos hídricos.

Las consecuencias del cambio climático ya están haciendo fuerte presencia en el país. Su impacto se está reflejando en ecosistemas estratégicos, en la red de servicios públicos domiciliarios, y fundamentalmente en la calidad de vida de muchos colombianos. En este escenario la Procuraduría promueve la incorporación de la variable ambiental en las decisiones estratégicas y en las políticas que deben adoptar todas las entidades que conforman la administración pública.