El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, destacó el trabajo parlamentario que permitió en la noche del lunes la aprobación, en segundo debate, del proyecto de Ley sobre Víctimas y Restitución de Tierras.

La iniciativa, a la que le restan dos debates para ser Ley de la República, pasó a consideración de la Comisión Primera del Senado y la plenaria de la misma corporación.

“El gobierno queda muy satisfecho. Fue un buen debate y tanto el Congreso como el país le van a cumplir a las víctimas y a los despojados de la Tierra. Esta es una Ley que marca un hito en la historia política del país”, indicó el jefe de la cartera agropecuaria.

Con la futura nueva Ley de la República la fecha límite para la reparación será el primero de enero de 1991.

Se crea un mecanismo ágil, de acompañamiento por parte del Estado, al despojado de la tierra para que pueda concurrir a la jurisdicción agraria con el propósito de obtener la restitución plena de la propiedad.

“Esta es un mecanismo de inmensa trascendencia. Con esto se hará justicia y equidad a más de 400 mil familias que fueron despojadas de sus tierras”, indicó el ministro Restrepo Salazar.

Con la futura nueva Ley, la víctima del desplazamiento y el despojo tendrá que inscribirse en el Registro Nacional de Tierras que se creará para ese efecto.

Pero la inscripción no será suficiente. Se verificará catastralmente si hace 10, 15 o 20 años quien se inscriba o reclame era el poseedor de la tierra, si fue despojado.

Si el Estado se convence de esa situación, entonces le da un certificado que le servirá para ir al juez agrario quien le reconstituirá el derecho real de su propiedad.

Si en las cadenas de las transacciones, hay un tenedor de buena fe exento de culpa, será indemnizado por el Estado a valores comerciales.

“Esta es una Ley que si bien busca hacer equidad histórica con los despojados, al mismo tiempo es muy cuidadosa y respetuosa del estado de derecho y de la propiedad legítimamente constituida”, subrayó el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.

La futura Ley revierte la carga de la prueba a favor de los despojados y con cargo al Estado y sanciona penalmente a los testaferros y a quienes pretendan reclamar derechos que no tienen.