Congresistas criticaron el martes la aprobación de un proyecto de ley para indemnizar a víctimas del conflicto interno armado, alegando que la norma excluyó a miles de esas víctimas al fijar en 1991 el año a partir del cual se pueden presentar reclamos.

Para entrar en vigencia, al proyecto de ley aún le faltan dos debates y votaciones en el Senado, por lo cual los congresistas expresaron su esperanza de que la norma sea modificada y se fije la fecha a inicios de los años 80, cuando el narcotráfico, el paramilitarismo y las guerrillas intensificaron sus acciones.

El Congreso entra en receso esta semana y reanuda sus sesiones en marzo, cuando la cámara alta entonces debata el proyecto de víctimas

Congresistas, consultados telefónicamente por la AP, dijeron además que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien presentó personalmente el proyecto de ley al Congreso el 27 de septiembre, está faltando a su compromiso de atender a todas las víctimas del conflicto armado interno al imponer sus mayorías en la Cámara de Representantes para conseguir el visto bueno del año 1991.

En el país, de unos 45 millones de habitantes, no existe una base nacional de datos que confirme cuántas han sido las víctimas del conflicto que casi llega a los 50 años en esta nación.

Pero sólo en el llamado «Registro Unico de Población Desplazada», que lleva una agencia del gobierno, tiene inscritas a 3,4 millones de personas como desplazadas forzadamente de sus tierras.

«Esta fecha (1991) desconoce el derecho a la reparación de miles de víctimas en Colombia», dijo Iván Cepeda, representante a la Cámara del izquierdista partido Polo Democrático Alternativo.

Se calcula que «entre el año 87 y el 92 hubo 32.000 personas asesinadas o desaparecidas», agregó Cepeda al referirse al asesinato de personas de grupos de izquierda y el inicio de masacres atribuidas principalmente al paramilitarismo y el narcotráfico.

La aprobación del proyecto fijando su vigencia a partir de 1991 –con 96 votos a favor y siete en contra– «deja un sinsabor…no hubo ningún argumento» del oficialismo para defender ese año, dijo por su parte el representante Guillermo Rivera, del Partido Liberal, que impulso el proyecto y en ocasiones apoya iniciativas del oficialismo en el Congreso.

El proyecto aprobado contempla que cualquier persona que se considere víctima, desde el 91 hasta que entre la ley en vigor y tanto de grupos armados ilegales como la fuerza pública, tendrá un máximo de cuatro años, para registrarse ante una oficina que creará la propia ley y ante la cual podrá pedir una indemnización, cuyo monto no fue fijado en la norma.

Ese monto será fijado posteriormente en un reglamento que elabore el propio gobierno, dijo el representante Oscar Bravo, del oficialista Partido Conservador.

El proyecto tampoco dijo de dónde saldrán los fondos para esas reparaciones, pero Bravo dijo que se podrá echar mano de «bienes de los victimarios» que sean decomisados por las autoridades.

Santos ha calculado que las indemnizaciones podrían costar unos 22.000 millones de dólares.

Los legisladores explicaron además que si bien Colombia ha vivido en una conflicto interno desde hace décadas y existen decretos y leyes que tangencialmente tocan el tema de indemnizaciones a víctimas, nunca antes hubo en el país una ley que reuniera todas diferentes disposiciones y las ampliara más allá de la reparación económica para una persona, incluyendo temas como conseguir el retorno de pobladores desplazados a sus tierras. AP