La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, María Eugenia Carreño Gómez, determinó la formulación de pliego de cargos en contra de cuatro servidores públicos del Consejo de Estado y una funcionaria de la Procuraduría, entre otras conductas por el presunto suministro de información reservada de procesos que se encontraban en curso en estos organismos.

Entre los disciplinados se encuentran el Auxiliar Judicial III de la Sección Quinta del Consejo de Estado Carlos Arturo Fernández Trujillo y el escribiente de la Sección primera de la misma corporación, Edilberto Samuel Casas Rojas, a quienes se les señala por haber suministrado, al parecer, información reservada en los casos de los diputados de la Guajira y Corpoguajira. Al señor Fernández Trujillo se le acusa además de haber incurrido objetivamente en la descripción típica del delito de concusión en el caso de la pensión gracia del señor Harry Díaz.

De otra parte, se imputa a la servidora de la Procuraduría Esmeralda Muñoz el presunto suministro de información reservada del proceso relacionado con el Gobernador de la Guajira a cargo de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa.

También se formula imputación disciplinaria en contra del secretario de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Virgilio Almanza, por haber permitido, al parecer, que el señor Carlos Arturo Fernández Trujillo continuara desempeñando funciones relacionadas con el manejo de información de procesos en esa corporación, una vez fueron de público conocimiento las presuntas irregularidades en que este último venía incurriendo.

En el caso del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Mayfren Padilla, se le atribuye el posible incumplimiento en el deber de efectuar declaración juramentada de bienes y rentas, habiéndose presentado una variación significativa en su patrimonio durante el año 2009, por la adquisición de un bien relacionado dentro de las interceptaciones que obran en el proceso.

Los cargos imputados están relacionados con hechos de presunta corrupción al interior del Consejo de Estado y de la misma Procuraduría, denunciados a través de los medios de comunicación.

La Procuraduría encontró mérito para compulsar copias a diferentes dependencias y organismos competentes con el fin de que sean investigados otros servidores públicos relacionados con las interceptaciones que obran como prueba en el proceso, entre ellos un ex procurador delegado y otros servidores de la Sección Quinta del Consejo de Estado.