Veinticinco años después de ser condenado por múltiples violaciones a los derechos humanos, el ex dictador argentino Jorge Videla podría recibir el miércoles una sentencia a prisión perpetua por su presunta responsabilidad en el asesinato de 31 disidentes políticos.

Un tribunal de la ciudad de Córdoba, a unos 700 kilómetros de Buenos Aires, también dará a conocer las sentencias para el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez y otra veintena de represores, entre militares retirados, ex policías y civiles.

Este es el primer proceso judicial que enfrenta el hombre fuerte de la última dictadura militar (1976-1983) desde que la Corte Suprema declaró inconstitucional en 2007 el indulto que le permitió eludir la condena a cadena perpetua que había recibido en un histórico juicio a las juntas militares en 1985.

En 1990, cinco años después de estar confinado en una prisión militar, Videla salió en libertad por un indulto del entonces presidente Carlos Menem. Pero perdió ese beneficio cuando en 2007 la Corte Suprema declaró inconstitucional el perdón presidencial. Desde entonces fue imputado en diversas causas, de las cuales la que se desarrolla en Córdoba es la primera que llega a juicio.

Durante las audiencias judiciales, Videla, de 85 años, desconoció la autoridad de los jueces, reivindicó la represión y acusó al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de mostrar un afán revanchista contra los jefes de la dictadura.

Menéndez, quien coordinó la represión en una decena de provincias, también arremetió el miércoles contra la presidenta y su marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007), quienes favorecieron la reanudación de los juicios contra cientos de represores que se habían beneficiado entre 1986 y 1990 de leyes de amnistía e indultos.

“Venimos soportando siete años de autoritarismo, indignidad y oprobio”, dijo Menéndez en su alegato.

Los fiscales y los abogados de la acusación pidieron prisión perpetua para Videla y Menéndez.

Los disidentes asesinados habían sido detenidos antes del golpe militar de marzo de 1976 y se encontraban alojados en una cárcel a disposición de un juez. Pese a estar bajo proceso fueron ejecutados entre abril y noviembre de ese año. AP