La Policía Nacional prometió hoy protección para los beneficiarios de la devolución de tierras iniciadas en el país, tras denuncias de amenazas y el robo de una memoria con información confidencial de una ONG que agrupa a campesinos desplazados.

El director de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo, dijo en una rueda de prensa en Bogotá que se va a iniciar “un proceso de protección” para evitar agresiones de las “mafias que no quieren la restitución de tierras”.

Además, anunció el envío a Apartadó, en Antioquia (noroeste), de un equipo de investigadores de la Policía para “recuperar” la memoria robada a la organización no gubernamental Asociación de Víctimas para la Restitución y el Acceso a la Tierra, que trabaja en esa conflictiva región.

Esa memoria, robada de las oficinas de la ONG en Apartadó, contenía información confidencial sobre beneficiarios de restitución de tierras, quienes además han recibido amenazas contra sus vidas, según denunció este jueves el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en una carta enviada al general Naranjo.

En un comunicado divulgado hoy, el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, pidió a las autoridades competentes “actuar a fondo para investigar quiénes están detrás de este robo y cuáles son los móviles”.

Garzón también solicitó “fortalecer las medidas de seguridad” para proteger a aquellos, fundamentalmente campesinos, a quienes les arrebataron sus tierras los grupos armados ilegales que actúan en Colombia, tanto paramilitares como guerrillas.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró esta semana que su Gobierno ha restituido ya 121.000 hectáreas de tierras a 38.000 familias campesinas que las habían perdido por la acción de grupos violentos.

Santos, que asumió el pasado 7 de agosto, se propuso para su mandato de cuatro años restituir unos dos millones de hectáreas de tierras de los más de cinco millones que fueron usurpadas a los campesinos.

En menos de dos años, al menos siete líderes de desplazados y beneficiarios de restitución de tierras en Antioquia han sido asesinados.
Además, al menos 40 dirigentes de desplazados han perdido la vida de forma violenta en Colombia desde marzo de 2002, según registros de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

En septiembre pasado, la ONU advirtió al Gobierno colombiano de la urgencia de tomar “medidas especiales de protección para prevenir la violencia contra los beneficiarios de los procesos de restitución de tierras”, al ofrecerse a acompañar al Estado en esa tarea. EFE