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Judicial Noticia Extraordinaria

HRW prende alarmas por Bandas Criminales y falsos positivos en Colombia

La organización Human Rights Watch (HRW), en su informe del 2010, presentado hoy en Bruselas, mostró su preocupación por el accionar de las bandas emergentes en Colombia, de quienes indicó que siguen generalizando la violencia y sembrando el terror en varios puntos del país.

«El conflicto armado colombiano ha seguido generando graves violaciones por parte de los grupos armados ilegales, incluyendo la guerrilla y los grupos herederos de (las milicias) paramilitares», declaró HRW en su informe.

De acuerdo con el informe, miles de civiles son víctimas del desplazamiento forzado, mientras «defensores de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios, sindicalistas, indígenas y afrocolombianos» son blanco de «ataques y amenazas».

La ONG también destacó el escándalo por los falsos positivos, y dijo que el Gobierno de Alvaro Uribe, estuvo «marcado por escándalos de ejecuciones extrajudiciales por el ejército, un proceso de desmovilización de paramilitares muy controvertido y el espionaje de defensores de derechos humanos, periodistas, oponentes y jueces de la Corte Suprema».

HRW, dijo en su informe que las guerrillas, «especialmente las FARC» han seguido matando, amenazando, desplazando por la fuerza a civiles y reclutando a menores.

De su lado, los herederos de las milicias paramilitares, oficialmente desmovilizadas entre 2003 y 2006, han cometido «extensas violaciones» de los derechos humanos.

Además, el proceso Justicia y Paz, que buscaba la verdad sobre estas milicias a cambio de amnistías parciales, solo ha resultado, hasta noviembre, en dos condenas, frente a las 2.300 víctimas según cifras oficiales.

HRW indicó que las amenazas contra sindicalistas «han aumentado desde 2007», y solo 14% de los crímenes cometidos en su contra desde 1986 resultaron en condenas.

Además, consideró que «el Departamento de Estado (norteamericano) no ha hecho respetar de manera consistente» la exigencia de cumplimiento de reglas de derechos humanos a las que está sujeta el 30% de la ayuda militar estadounidense a Colombia.

(Santa Fe, con información de AFP)