Human Rights Watch (HRW) afirmó hoy de que la situación de los derechos humanos en Venezuela es “precaria” y que el Gobierno del país “ejerce el control” sobre el poder judicial y “socava sistemáticamente” la libertad de expresión.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, presentó en una rueda de prensa en Washington los resultados del informe anual de la organización correspondientes a América Latina.

Vivanco señaló que su grupo ha observado “retrocesos” en los derechos humanos en los últimos meses, sobre todo en diciembre, cuando la Asamblea Nacional aprobó, entre otras, una ley que permite al presidente Hugo Chávez gobernar por decreto durante 18 meses.

Esto deja en una difícil posición a la oposición, que obtuvo una representación del 40 por ciento en el Congreso en las pasadas elecciones y que ahora pasará a tener una función prácticamente “decorativa”, dijo.

Esta ley “obviamente daña los principios básicos del principio de derecho e impide contrarrestar el ejercicio cada vez más personal y concentrado de poder del presidente Hugo Chávez”, dijo.

La organización también denunció que el gobierno venezolano ejerce control” sobre el poder judicial y advirtió de que “los jueces cuyos pronunciamientos contradigan los intereses del gobierno pueden sufrir represalias”.

Vivanco citó el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, que fue detenida el mismo día en que concedió la libertad condicional en 2009 a Eligio Cedeño, un empresario del sector bancario acusado de corrupción.

Afiuni cumplió con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, ya que Cedeño había permanecido en prisión preventiva durante casi tres años, pese a que el período máximo establecido por la ley venezolana es de dos años, indica HRW.
Vivanco denunció las condiciones “inhumanas” en las que vive en la cárcel Afiuni, que padece un cáncer.

Según el responsable para América de HRW, la jueza actuó “según las reglas de juego venezolano” y “los fiscales dijeron que no había evidencias de corrupción”.

Si no se toman medidas en el caso de Afiuni, para la que el presidente Chávez ha pedido públicamente una pena máxima, se sentará un precedente “de gravedad” en Venezuela.

En diciembre se aprobaron además otras dos legislaciones que la organización consideró preocupantes.

En materia de libertad de expresión se aprobó una Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que controla los contenidos de internet y veta a aquellas personas que por cualquier medio pueden causar “ansiedad” en la población o puedan promover desobediencia civil, recordó Vivanco.

En definitiva, HRW opina que Chávez ha reforzado la capacidad del Estado de limitar la libertad de expresión y ha creado poderosos incentivos para que los críticos del gobierno se autocensuren, como las modificaciones del Código Penal que amplían el alcance de las leyes de “desacato” y penalizan las expresiones que se consideran ofensivas para funcionarios de alto rango.

Como ejemplo citan el caso del periodista Francisco Pérez, condenado a tres años y nueve meses de prisión, inhabilitación profesional y al pago de una multa de casi 20.000 dólares, acusado de difamar al alcalde de Valencia en dos artículos.

En materia de sociedad civil el Gobierno aprobó una legislación para que las organizaciones dedicadas a analizar el ejercicio del poder público no puedan recibir asistencia o ayuda internacional, algo que amenaza su existencia, ya que, según HRW, “la gran mayoría en organizaciones en Latinoamérica viven gracias a la solidaridad internacional”.

La organización también ha denunciado la “persecución” de opositores políticos, así como abusos policiales y la impunidad, considerada un “grave problema” para el país.

EFE