Las fuerzas armadas egipcias dijeron el lunes que no dispararán a protestas pacíficas y que reconocen “la legitimidad de las exigencias del pueblo”, un día antes de una marcha que busca reunir a un millón de personas.

La declaración militar fue una nueva señal de que el ejército está dispuesto a dejar continuar las protestas siempre y cuando sigan siendo pacíficas, incluso si terminan con la salida del mandatario. Si el presidente de 82 años, ex comandante de la fuerza aérea, pierde el apoyo militar ello le propinaría un golpe definitivo.

Más temprano el lunes, Mubarak había tomado juramento a un nuevo gabinete que no incluía a su odiado ex ministro del Interior, a cargo de las fuerzas de seguridad, pero la medida fue rechazada en las calles y en Estados Unidos, el principal aliado del presidente.

En la plaza Tahrir (Liberación), el epicentro de las protestas, más de 10.000 personas corearon su exigencia de que Mubarak deje el poder tras tres décadas de autoritarismo. “No queremos que la vida vuelva a la normalidad hasta que Mubarak se vaya”, dijo Israa Abdel-Fattah, fundador del Grupo 6 de Abril, integrado por jóvenes que quieren una reforma democrática.

El vocero de la Casa Blanca Robert Gibbs dijo que la crisis egipcia requiere acciones y no nombramientos.

Una coalición de grupos opositores convocó a una marcha de un millón de personas en El Cairo el martes para exigir la salida del presidente, y muchos manifestantes pedían salir de la plaza Tahrir para avanzar hacia uno de los palacios presidenciales. Durante varios días las fuerzas armadas permitieron las manifestaciones, pero sólo en la plaza.

En ésta, rodeada de tanques y alambres de púas, los manifestantes se mostraban alegres y decididos y muchos se sumaban a pesar del toque de queda que comienza a las 3 de la tarde. Se escuchaba música y algunos distribuían comida a los demás.

Jóvenes se trepaban a los postes de luz con banderas egipcias y carteles que decían: “Vete Mubarak”. Los disidentes culpan al presidente por la pobreza, la inflación y la represión de tres décadas.

La declaración militar dejó entrever que el ejército podría permitir a los manifestantes salir de la plaza el martes, siempre que la protesta sea pacífica.

El vocero Ismail Etman dijo que las fuerzas armadas están “conscientes de la legitimidad de las exigencias del pueblo y preocupadas por cumplir su responsabilidad de proteger a la nación y sus ciudadanos”.

Las fuerzas armadas “no usaron ni usarán la fuerza contra la población”, agregó, y dijo que “la libertad de expresión pacífica está garantizada para todos”.

Etman aclaró, sin embargo, que los manifestantes deben evitar daños a la propiedad y “cualquier acto que desestabilice la seguridad del país”.

Los saqueos, robos e incendios intencionales del viernes y sábado parecían haberse calmado, luego que la policía volvió a las calles.

También había grupos de vecinos armados con palos y machetes que custodiaban sus barrios.

Gran parte de El Cairo estuvo paralizada, pues los bancos, las escuelas y la bolsa de valores continuaban cerrados. Tampoco hubo servicios de trenes, lo que despertó sospechas de que el gobierno intenta evitar que la población de las provincias viaje a protestar a la capital. El acceso a internet seguía desactivado por cuarto día seguido. La gente formaba largas filas para comprar pan.

En el aeropuerto internacional capitalino reinaba el caos, mientras miles de extranjeros intentaban partir y numerosos países enviaban aviones a recoger a sus ciudadanos.

La crisis ya dejó al menos 97 muertos y miles de heridos, según la cuenta oficial, pero los relatos de testigos de todo el país indicaban que la cifra real era mucho mayor.

El presidente estadounidense Barack Obama habló con los líderes de Gran Bretaña, Turquía, Israel y Arabia Saudí durante el fin de semana, dijo la Casa Blanca, y expresó su deseo de una transición ordenada a un gobierno más receptivo.

La Unión Europea instó a una transición pacífica a la democracia y se mostró en contra de una posible llegada al poder de los fundamentalistas religiosos.

Mubarak se vio cansado al tomar juramento al nuevo gabinete, en lo que pareció un intento de mostrarse receptivo a la furia popular. El cambio más importante fue la designación de un general jubilado de la policía, Mahmud Wagdi, en lugar del ministro del Interior Habib El-Adly, criticado por los manifestantes por la brutalidad de las fuerzas de seguridad.

El mandatario eliminó a varios prominentes empresarios que ocuparon cargos económicos y que habían diseñado las políticas económicas liberales de las últimas décadas. Muchos egipcios se oponían a la influencia de los magnates, aliados cercanos del hijo del presidente, Gamal Mubarak, visto desde hace mucho tiempo como su eventual heredero.

Mubarak retuvo a quien ha sido su ministro de Defensa desde hace mucho tiempo, Hussein Tantawi y a su ministro de Asuntos Exteriores, Ahmed Abul Gheit.

Unas 30 organizaciones de oposición se reunieron el lunes y apoyaron la marcha del día siguiente, dijo Abu’l-Ela Madi, vocero de al-Wasat, un grupo musulmán moderado. Pero también hubo desacuerdos y se programó un nuevo encuentro la mañana del martes para redactar una lista de exigencias.

Si la oposición logra unirse, podría darle más impulso a las protestas y brindar un interlocutor a los líderes mundiales que piden una transición ordenada a la democracia.

Sin embargo, el movimiento es extremadamente diverso e incluye a estudiantes, activistas en internet, grupos civiles de base, políticos de la oposición tradicional y la fundamentalista Hermandad Musulmana, además de los ciudadanos de a pie atraídos por la liberadora posibilidad de marchar contra el régimen.

La principal división entre los opositores parece estar entre los jóvenes activistas no religiosos y la Hermandad Musulmana, que quiere formar un Estado islámico en la nación más poblada del mundo árabe.

El líder reformista Mohamad El Baradei, ex director de la agencia nuclear de Naciones Unidas, logró darle vigor a la oposición al volver al país el año pasado, pero la Hermandad sigue siendo el movimiento disidente más grande del país.

AP