Conformar bloques de búsqueda para combatir la minería ilegal, sancionar a las autoridades militares, de policía y civiles que ignoren las extracciones ilegales y pagar informantes que denuncien esa actividad en todo el país, propuso al Gobierno el presidente del Congreso, Armando Benedetti (la U).

Durante la Asamblea de Fenalcarbón realizada en el Hotel Tequendama, Benedetti dijo: “Le propongo Presidente Santos, que instauremos unos bloques de búsqueda de las minas ilegales, que se recompense económicamente a quienes las denuncien, que se investigue y sancione drásticamente a los miembros de la fuerza pública y a los mandatarios locales que conociendo la existencia de minas ilegales han hecho poco o nada para su extirpación”.

“Inclusive, hay que pensar si se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación una Unidad Especial contra la extracción minera ilegal”, anotó.

Benedetti también dijo que “la guerrilla, los paramilitares y la delincuencia común establecieron complejas redes para la apropiación ilegal de esos recursos y de sus rentas mediante el crimen, la violencia y la extorsión”, tras alertar que “estamos a punto de repetir y reproducir esas prácticas en la explotación de otros recursos mineros si no asumimos desde ya la construcción de una institucionalidad capaz de impedir estos desmanes”.

Para el presidente del Senado, “el país no puede permitir que la mitad de las extracciones mineras se haga de forma ilegal, este es un acto imperdonable para las futuras generaciones, especialmente por el impacto ambiental y envenenamiento de nuestros ríos y suelos. Por ello, debe utilizarse la severidad máxima del Estado para frenar esta situación”.

Durante su intervención expresó su complacencia con el proyecto línea férrea del Carare que después de 86 años empieza a tomar forma.

“Esta propuesta será vital para enfrentar la producción minera ilegal, pero también necesaria para impulsar iniciativas carboníferas en el centro del país”, anotó,

Igualmente, llamó la atención de todas las autoridades competentes “para que se tomen medidas efectivas que palíen la contaminación que la actividad minera produce en la bahía de Santa Marta”.

Adicionalmente, dijo: “Hay que hacerle saber a quienes actúan en la legalidad que la Colombia de hoy no va a ser sorda ante sus peticiones, que al Estado corresponde la tarea de apoyarlos y que debemos apostarle al Fondo de Cofinanciación de Proyectos de Seguridad Minera, siempre que cumplan con las normas legales, las exigencias del medio ambiente y los postulados elementales de respeto a la vida, integridad y salud de los trabajadores del sector”.