La Corte Suprema de Justicia confirmó hoy la negativa sobre el recurso de amparo interpuesto por la exsenadora Piedad Córdoba, destituida e inhabilitada por 18 años por la Procuraduría General por sus presuntos nexos con la guerrilla de las Farc.

La Sala de Casación Civil consideró que ese recurso para defender “los derechos al debido proceso, de acceso y desempeño de funciones públicas, a elegir y a ser elegida”, como lo presentó la exparlamentaria, “no procede”, puesto que Córdoba “cuenta con las acciones judiciales que al efecto prevé la legislación”.

Córdoba perdió su escaño en el Congreso “por promocionar y colaborar con las Farc” (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), según anunció el 27 de septiembre de 2010 el procurador general, Alejandro Ordóñez.

El pasado 15 de diciembre, el Tribunal Superior de Bogotá decidió respetar el concepto del Ministerio Público que destituyó a la excongresista, al resolver el recurso interpuesto por la política, que ha sido mediadora en liberaciones de rehenes de las Farc.

Según el procurador Ordóñez, la entonces senadora del Partido Liberal Colombiano (PLC) se extralimitó en sus funciones para gestionar las liberaciones de una docena de secuestrados.

“La senadora fue destituida por encontrarse demostrado que colaboró y promovió a grupos armados al margen de la ley”, dijo Ordóñez el día del anuncio de la sanción.

La investigación se derivó de los correos electrónicos del fallecido portavoz internacional de las FARC, alias “Raúl Reyes”, y en los que la Procuraduría considera que, como se identifica en esos mensajes, “Teodora Bolívar” es la exsenadora Córdoba.

“En los correos se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora en los que se identificó con los alias de ‘Teodora, Teodora de Bolívar, la Negra y la Negrita’, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones, así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario”, dijo el Ministerio Público.

La excongresista, tras el tropiezo ante la Corte Suprema, está pendiente ahora de un recurso de nulidad sobre la decisión de la Procuraduría, interpuesto ante el Consejo de Estado, máxima instancia jurídico administrativa colombiana.

La decisión de la Corte se registra en momentos en que Córdoba precisamente participa en la puesta en libertad de dos concejales y tres uniformados, autorizada desde diciembre pasado por el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos.

EFE