Por participar en montajes de actos terroristas y hacer que se pagaran con dineros del Estado informaciones sobre los supuestos atentados, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción consistente en destitución e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos, por el término de 20 años, al Mayor (en retiro) Javier Efrén Hermida Benavides y al Mayor Luis Gerardo Barrero Calderón.

Los hechos investigados ocurrieron entre el 14 de julio y el 28 de agosto de 2006, antes y después de la posesión del Presidente Álvaro Uribe Vélez, y se concretaron en cinco situaciones: La ubicación de un carro bomba en el Barrio Gaitán que al explotar causó heridas a varios militares y la muerte a un particular; colocación de un carro bomba en el Centro Comercial Caracas; ubicación de material explosivo cerca de la Escuela de Artillería y entre los barrios Danubio y La Fiscala; y, por último, el intento de colocar un automotor con explosivos en el Centro Comercial Gran San.

Al proferir la decisión de segunda instancia, la Sala Disciplinaria concluyó que no existe ninguna duda de que los actos concertados por los procesados se ejecutaron con el interés directo de provocar zozobra en la población civil y mostrar la oportuna intervención del Ejército en su localización.

Así mismo, precisó que con tal proceder se puso en peligro la vida, bienes e integridad personal de los habitantes de esos sectores de la ciudad.

De otra parte, la Sala Disciplinaria advirtió que si bien los oficiales investigados no fueron quienes ordenaron el pago de dineros por concepto de suministro de información, “(…) es claro que fue su propia actividad irregular la que propició el pago por una presunta información de inteligencia que jamás existió en relación con los casos del Centro Comercial La Caracas y el de la Escuela de Artillería,”.

Para el Ministerio Público quedó demostrado que los hechos ocurridos en Bogotá obedecieron a unos montajes de falsos atentados que fueron concertados previamente entre los oficiales investigados y algunos particulares, entre ellos, Lidia Álape Manrique, alias ‘Jessica, persona que aún cuando aparece como desmovilizada, “la realidad es que seguía trabajando para el frente 21 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC.”