El presidente Juan Manuel Santos dejo en claro que “el Gobierno no ha autorizado a nadie, ni piensa hacerlo, para que sostenga ningún tipo de contactos con grupos al margen de la ley”.

El pronunciamiento lo hizo el jefe del Estado, luego de advertir que sigue evaluando la situación frente al tema de las liberaciones de secuestrados, tras la frustrada entrega de del mayor de la Policía Guillermo Solórzano y del cabo del Ejército Salín Sanmiguel.

Durante la presentación de la Ley de Desmovilizados y la Prórroga de la Ley de Orden Público, en la Casa de Nariño, el presidente Santos expresó con relación a eventuales contactos con los alzados en armas:

“Cada cosa tiene su momento y éste no es el momento para esa discusión, ni mucho menos para lanzar propuestas especulativas”.

El presidente señalo que “no hay nada que más aleje la paz que estar permanentemente hablando sobre ella”, y añadió que en este momento “debemos concentrarnos en construir condiciones de paz y reconciliación”.

“Lo segundo que quiero decir sobre el tema de la paz es que, en lugar de estar hablando de ella, debemos concentrarnos en construir condiciones de paz y reconciliación, que es precisamente la agenda del Gobierno”, sostuvo el Mandatario.

Señaló que Ley de Desmovilizados y la Prórroga de la Ley de Orden Público representan la disposición del actual Gobierno y de los colombianos para alcanzar la reconciliación.

“La reconciliación la asociamos con un estado de paz”, concluyó el primer mandatario.

NO MAS ZONAS DE DESPEJE

Igualmente el presidente Juan Manuel Santos notificó: “En adelante no habrá zonas de despeje para los grupos violentos, ni zonas vedadas para la Fuerza Pública”.

Añadio que cualquier esfuerzo de diálogo o de paz que se emprenda en un futuro no traerá consigo las mencionadas zonas ni prohibirá la presencia de la Fuerza Pública, pues –dijo- son figuras “que ya están agotadas en el país”.

Estableció que ademas la Ley regula de manera clara las actividades en las cuales se pueden invertir los recursos de los Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Los dineros se destinarán para las necesidades de seguridad y convivencia, esto es: dotación y pie de fuerza; también de actividades orientadas a la prevención y protección del orden público en las regiones.

“Aquí hay otra novedad: Los departamentos y municipios podrán aportar recursos propios. Los gobiernos locales, por ejemplo, tendrán la facultad de establecer tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales”, anotó Santos Calderón.

Finalmente, el Mandatario destacó que esta norma da un marco para sacar adelante varias de las políticas prioritarias del Gobierno para la construcción de condiciones de paz y reconciliación.

“La Ley mantiene las herramientas conocidas, como el indulto que ha permitido la desmovilización”, resaltó el Jefe de Estado.

Otra de las novedades de la nueva Ley de Orden Público es que incluye la opción para que organizaciones civiles ejecuten actividades de desminado humanitario, lo que actualmente es realizado exclusivamente por las Fuerzas Armadas, siendo insuficientes sus esfuerzos frente a la actitud de los grupos armados ilegales que siguen instalando minas.

“Será de mucha utilidad permitir que organizaciones civiles cumplan con esta tarea, para ayudarnos a acelerar el proceso. Me refiero, concretamente, a compañías expertas –¡que manejan los máximos estándares!– en las labores de desminado”, puntualizó Santos.