Los dineros que se deben destinar a la justicia colombiana y su operación deberían incluirse en forma directa dentro del Plan Nacional de Desarrollo, sometido a estudio del Congreso de la República, y no en cada proyecto de presupuesto anual, dicen senadores de la República.

Para el senador del Partido de la U, Roy Barreras, el tema de fondo es que «la verdadera reforma a la justicia tiene que incluir la garantía constitucional de un porcentaje del presupuesto nacional que no esté sujeto a las variaciones de cada gobierno. La autonomía de la justicia tiene que tener garantía y sus recursos desde la Constitución y ese es el punto que resolverá el tema de la falta de ella», dijo.

Por ejemplo, el Plan dice que para «la Consolidación de la paz», fue designado un total de $76.634.877; para seguridad, orden público y seguridad ciudadana, $59.500.505; para derechos humanos, DIH y justicia transicional, $1.071.755, entre otros montos.

Dice el texto que «a modo de ejemplo, desde el inicio de los procesos de la Ley de Justicia y Paz, se ha apoyado la búsqueda de la verdad en más de 38.000 delitos que relacionan a 50.000 víctimas; proceso que ha llevado a la exhumación de 3.407 cadáveres en 2.815 fosas. No obstante, los retos del país en esta materia son todavía considerables».
Para el coordinador ponente del Plan Nacional de Desarrollo, senador Gabriel Zapata (Partido Conservador), el estudio de este proyecto se enfoca a «darle un impulso y un respaldo desde el punto de vista financiero económico a la Rama Judicial».

Añadió que con sus declaraciones «el Ministro del Interior (Germán Vargas Lleras) está planteando de una forma concreta las necesidades para poder dinamizar, rebajar la impunidad en este sector y agilizar no solamente las investigaciones sino las sentencias. Creo que es un compromiso con el país y con todos los colombianos la modernización de la Rama Judicial y las posibilidades de poder ponernos al día en todo lo que compete en investigaciones, en decisiones y atender las denuncias que hacen los colombianos», declaró.

Reconoció que el Plan no contempla un monto específico, por ejemplo para el hacinamiento carcelario y programas de resocialización al delincuente, y dijo que «igual diría que para nosotros es importante terminar con todo ese hacinamiento que tenemos en todas las cárceles del país, se han dado unos pasos, pero todavía falta otra serie de construcciones importantes que puedan habilitar las posibilidades de trasladar a los internos de las cárceles con hacinamiento. La resocialización es importantísima porque es la recuperación para la sociedad civil de personas que desafortunadamente han cometido algún tipo de delito y debemos buscar que se vuelvan a reincorporar a la sociedad y que vuelvan con la responsabilidad de pertenecer a ella».

Ahora, ante el interrogante sobre la ampliación de infraestructura para el sistema penal acusatorio en estos próximos cuatro años, el senador Zapata aseguró que «ese es un problema de marca mayor, decir que esa es la modernización de los aspectos procesales. Esto demanda una buena cantidad de personas para poderle dar trámite a todo lo represado. No hay que olvidar que hay un represamiento de más de un millón de expedientes en todos los despachos, o sea es necesario dar la mano para poder lograr el nivel que se está buscando con este tema. Diría que todo esto hace parte del componente del Plan Nacional de Desarrollo, del compromiso del presidente Jun Manuel Santos y vamos a darle todo el respaldo para poder modernizar en este caso la justicia», puntualizó.

No obstante, el senador Jorge Robledo fue más crítico del Plan y dijo que «tengo la impresión de que el Gobierno no contempló eso; el presupuesto de la Rama Judicial está desbalanceado. Ese es el principal problema del sector, si no hay con qué hacer esos debidos procesos, pues nunca va haber justicia pronta y cumplida y por supuesto aquí lo que no hay es justicia. Si el gobierno no apropia los recursos suficientes a la justicia, ésta siempre cojeará, ese es un problema que se ha tenido desde hace rato y ningún Gobierno toma las medidas suficientes, pero si les echa la culpa a los jueces de que las cosas no se hagan como deben hacerse».

También dice que «las mejoras en seguridad y la reducción de la impunidad a través de mejoras en el acceso, la eficiencia y la eficacia de la justicia no son suficientes para garantizar la observancia de los derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Se requieren pasos complementarios en aspectos como: la cultura ciudadana en derechos humanos, los derechos a la vida, la libertad e integridad personal, la lucha contra la discriminación y el respeto a las identidades».

Por eso en todos estos apartes, los legisladores hicieron caer en cuenta que no hay montos ni indicadores de gestión definidos para hacer un verdadero plan en cuanto a los recursos y desarrollo de la justicia en Colombia.

Metas del Plan:

• Avanzar hacia una justicia eficiente;
• Implementar gradualmente la oralidad;
• Flexibilizar y armonizar procedimientos judiciales;
• Establecer nuevas tecnologías de información y modelos de gestión al sistema;
• Fortalecer la defensa judicial del Estado;
• Consolidar justicia no formal para soluciones pacíficas de controversia;
• Desarrollar una política criminal coherente y establecer una política penitenciaria a través de un plan maestro de reposición, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura, entre otras.