La ONU exhortó hoy al Gobierno para hacer reformas urgentes en su agencia de inteligencia (DAS) porque, dice, «existe un peligro» derivado del «vacío de control democrático», tras afirmar que en 2010 se siguieron presentando denuncias sobre seguimiento ilegal a organizaciones civiles.

Durante la presentación del informe anual sobre Colombia, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, aseguró en Bogotá que el Estado colombiano debe «establecer mecanismos de control sobre el servicio de inteligencia».

Salazar se expresó así después de que, en su informe, el Alto Comisionado asegurara que «continuó recibiendo informaciones sobre interceptaciones de correos electrónicos, seguimientos, hostigamientos y amenazas, robos de información, alteración de páginas web e ingresos ilegales a oficinas y domicilios de distintas organizaciones de la sociedad civil».

En el documento, la ONU concluye que la información que ha recibido le permite «confirmar la existencia de un patrón de escuchas, seguimientos y hostigamientos sistemáticos realizados por funcionarios del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), bajo órdenes de sus superiores, a quienes informaban de los resultados».

Asimismo, advierte de que el avance de las investigaciones parece indicar que los grupos de la central implicados, entre ellos el de Observación Nacional e Internacional (Goni), «fueron estructuras formalmente constituidas al interior de la institución».

«Estos hechos, como los denunciados en 2009, siguen en la impunidad», aclaró la ONU.

Salazar apuntó a que el Gobierno y demás instituciones colombianas, como la Procuraduría y el Congreso, deben «avanzar en un centro de control de datos y en establecer un mecanismo de depuración de archivos».

Además exhortó al Gobierno a que «las investigaciones avancen para condenar a los responsables del DAS por sus crímenes».

El Alto Comisionado se refirió al escándalo que salió a la luz en 2009 por el cual se determinó que el DAS había hecho espionaje ilegal a magistrados, opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos.

La trama es investigada por la Fiscalía, la Procuraduría y el comité de la Cámara de Representantes responsable de indagar la conducta del jefe del Estado.

Varios antiguos cargos medios del DAS han admitido que la campaña de espionaje fue ordenada desde la Casa de Nariño, la sede del Ejecutivo colombiano, durante los dos gobiernos del ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Entre los implicados en las investigaciones están cuatro exdirectores del DAS, incluida María del Pilar Hurtado, que a finales del año pasado recibió asilo político en Panamá, lo mismo que antiguos colaboradores cercanos de Uribe.

En su informe, la ONU observa que Hurtado pidió asilo bajo el argumento de falta de garantías y de seguridad en los procesos que afronta en Colombia, pero considera que «este hecho no debe entorpecer las investigaciones judiciales ni contribuir a que los delitos queden en la impunidad».

Hurtado y el también abogado Bernardo Moreno, que ejerció como secretario general de Uribe, fueron sancionados a finales del año pasado por la Procuraduría General, que los destituyó de manera retroactiva y los inhabilitó para cargos públicos por 18 años.

EFE