Unos 10.000 indígenas de cuatro etnias colombianas reiteraron este jueves su neutralidad frente al conflicto armado, que en los últimos ocho años ha dejado 1.400 muertos, en un evento en el sur del país en el que participó el juez español Baltazar Garzón.

“El dolor por la violencia que a diario nos golpea es muy fuerte, pero lo es más nuestra determinación de no participar en esta guerra que es ajena a nuestros pueblos”, aseguró a la AFP Elides Pechene, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric)

“Es muy fuerte la presión que recibimos tanto de los grupos guerrilleros como del Ejército para que estemos de su lado en el conflicto. Pero nos mantenemos neutrales, esa guerra no es nuestra”, enfatizó Peneche, que lideró la celebración del 40 aniversario del Cric en el resguardo La María, departamento de Cauca (suroeste).

“Frente a nuestro invitado Baltazar Garzón, los indígenas reunidos aquí reiteramos la convicción de no participar en el conflicto y de invitar a ambos mandos a que busquen caminos de entendimiento”, prosiguió el dirigente indígena al anunciar las conclusiones de tres días de deliberaciones.

Garzón hizo un llamado al gobierno del presidente Juan Manuel Santos para que proteja a la población aborigen y dijo que “es el momento para que se les brinde mayores garantías”.

“Los indígenas colombianos han demostrado con su postura firme y compromiso por la paz que ella es posible. Su neutralidad le ha costado perder vidas, pero su entereza ha hecho posible que generen la solidaridad internacional”, aseveró.

Durante la reunión, los participantes deliberaron sobre el futuro de su movimiento. “En estos 40 años de existencia hemos avanzado en reivindicaciones sociales pero el reto enorme es llegar al medio siglo de existencia libres del fantasma de la guerra”, según Laurentino Rivera, de 87 años y uno de los fundadores del Cric.

“Nos trazamos varias metas para los próximos diez años: decidimos el sistema de educación que queremos; definimos un componente político para nuestra organización donde estrecharemos vínculos con otros pueblos de Latinoamérica; y nos mantenemos firmes en la decisión de mantener a nuestros hijos y territorios aislados de la guerra”, enumeró Rivera.

Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), recordó que la violencia contra sus comunidades se agravó en 2010, año en el que fueron asesinados 122 aborígenes, otros 10 desaparecieron y 1.146 fueron forzados a desplazarse, según su organización.

“En ningún otro país del mundo es tan peligroso ser indígena. Los grupos armados, legales e ilegales, se sienten incómodos con nuestra presencia, sienten desconfianza hacia nosotros por nuestra decisión de mantenernos neutrales y eso tiene un elevado costo en vidas humanas. Lo asumimos con entereza”, dijo.

Gregorio Dindicué, consejero mayor del resguardo Jambaló, explicó que la declaratoria de “resistencia” frente a los grupos armados es por convicción política. “No asumimos ninguna ideología por imposición. Ni marxismo ni capitalismo (…) Si asumiésemos una postura ideológica tendríamos que defenderla de otros que piensen diferente y entraríamos al absurdo de la guerra”, comentó.

Según el informe de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos presentado este jueves en Bogotá, “los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas continúan sufriendo de forma desproporcionada la violación de sus derechos en el marco del conflicto armado”.

“En especial, sus vidas, derechos territoriales y culturales están amenazados por la presencia de actores armados en su territorio”, según la ONU.

En Colombia viven 1,3 millón de indígenas, agrupados en más de 80 etnias que habitan principalmente en el norte, suroeste y los selváticos departamentos (provincias) del sur del país. AFP