La Contraloría General de la República decidió embargar los bienes y la congelación de cuentas bancarias de los ex ministros de agricultura Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández, al reactivar el proceso de responsabilidad fiscal por los actos de corrupción en el Programa Agro Ingreso Seguro.

La medida cautelar tiene que ver con el manejo irregular de cerca de 15 mil millones de pesos en contratos de publicidad y adjudicación de subsidios, durante las administraciones de Arias y Fernández.

En estos hechos están implicados otros 17 funcionarios del ministerio de Agricultura.

La contralora Sandra Morelli, anunció también que pidió el levantamiento de la inmunidad diplomática que cobija a los funcionarios del IICA, para procesarlos por los mismos hechos.

Cabe señalar que el anterior contralor, Julio César Turbay Quintero determinó archivar la investigación.

Mientras tanto, en la Fiscalía General de la Nación avanza un proceso de carácter penal por el escandalo de la adjudicación de los subsidios del Programa Agro Ingreso Seguro, que favorecieron a ricas familias de empresarios y dirigentes políticos, especialmente de la Costa Atlántica.

Dentro del mismo, la Fiscalía ya formuló cargos contra siete ex funcionarios y 15 beneficiarios del programa.

Los exfuncionarios afectados son: Juan Camilo Salazar Rueda, ex viceministro de Agricultura; Juan David Ortega Arroyave, ex secretario general del Ministerio de Agricultura; Camila Reyes del Toro, ex directora de Comercio y Financiamiento del Ministerio de Agricultura; Javier Enrique Romero Mercado, ex director de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura; Tulia Eugenia Méndez Reyes, ex jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Agricultura, Oskar August Schoerder Muller, ex jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Agricultura, año 2008, y Rodolfo José Campo Soto, ex gerente general del Incoder.

Los beneficiarios incluidos llamados a juicio son los siguientes: Juan Manuel Dávila Jimeno, María Clara Fernández De Soto de Dávila, Juan Manuel Dávila Fernández De Soto, y Ana María Dávila Fernández De Soto. Estas personas recibieron en total beneficios del programa AIS por valor de $2.212.501.213, presumiblemente sin cumplir los requisitos para ello.

En el caso de la señora Valerie Dominguez Tarut se solicitó audiencia de formulación de imputación por los presuntos delitos de falsedad en documento privado y tentativa de peculado por apropiación, por cuanto renunció a la obtención del subsidio de Agro Ingreso Seguro.

Así mismo, informó que dada la naturaleza de esos delitos la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva no procedería en su caso.

Otros beneficiarios cobijados con la medida son: Álvaro Luis Vives Lacouture, Inés Margarita Vives Lacouture, Roberto Eusebio Vives Lacouture, María Teresa Vives Lacouture, Patricia Vives Lacouture, José Francisco Vives Lacouture, Silvia Rosa Vives de Sánchez, María Luisa Zúñiga Vives, Silvia Rosa Campo Vives y Roxana María Castro Solano. Estas personas recibieron en total beneficios del programa AIS por valor de $4.532.696.871, presumiblemente sin cumplir los requisitos para ello.

A estas personas se les formulará imputación y solicitará la imposición de medida de aseguramiento por los delitos de: interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades o incompatibilidades y falsedad ideológica en documento público.

Esta formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento son producto de la investigación que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de las diferentes irregularidades encontradas en el proceso de celebración y ejecución de diferentes convenios suscritos entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, IICA, en desarrollo del programa Agro Ingreso Seguro, AIS, los cuales suman en su conjunto $288.265.934.000.

La fiscalía señalo que además de los funcionarios públicos respecto de quienes se formulará imputación y se solicitará medida de aseguramiento en esta oportunidad, se investiga la responsabilidad de otras 50 personas entre servidores públicos, contratistas y particulares beneficiarios del programa Agro Ingreso Seguro, a quienes ya se ha escuchado en interrogatorio y respecto de los cuales sigue adelante la indagación