Los más de 200.000 inversionistas en las captadoras ilegales de dinero han demandado al Estado por 45 billones de pesos, cifra que supera cualquier otra y que podría, en caso de prosperar, dejar muy mal parada a la economía nacional.

Según el artículo de la Revista Semana “La demanda más grande la la historia” referente a este peligro para las finanzas del Estado, el monto exacto de las demandas es de 45,6 billones de pesos; es decir más de la mitad de lo que busca recaudar el país por concepto de impuestos o la mitad de la deuda externa nacional.

Según la nota periodística, la pretensión de los demandantes y sus abogados supera por mucho los tres billones que perdieron en las pirámides; entidades privadas a las que se suscribieron por su propia voluntad y bajo su responsabilidad.

Un punto central de su reclamo jurídico es que en ese entonces el propio presidente Uribe habría reconocido indirectamente la responsabilidad estatal cuando, en noviembre de 2008, regañó a todo el mundo en el gobierno por dejar que las pirámides se salieran de madre. Muy molesto, el jefe del Estado le endilgó parte de la responsabilidad al superintendente financiero de entonces, César Prado, quien fue la primera cabeza que rodó en ese triste capítulo que vivió el país.

Los abogados de los demandantes se aferran a que el Estado es culpable de negligencia y de no actuar a tiempo para detener a las captadoras ilegales e incluso recuerdan que por ello el expresidente Uribe responsabilizó al entonces superintendente financiero, César Pardo, quien ahora está siendo investigado disciplinariamente por los hechos, junto con otros seis funcionarios, ante la Procuraduría.

Por su parte, los equipos jurídicos de la Presidencia de la República, la Dian, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) del Ministerio de Hacienda y las superintendencias Financiera y de Sociedades trabajan para responder estas demandas de la manera más adecuada, a fin de salvar al Estado y a los colombianos que representa de esta ofensiva legal.