La Contraloría General y la Auditoría General de la República, solicitaron hoy a las entidades públicas poner freno a la contratación por prestación de servicios para cumplir funciones permanentes.

En circular conjunta firmada por la Contralora Sandra Morelli Rico y el Auditor Jaime Ardila Barrera, se advierte dar estricto cumplimiento a la Sentencia de la Corte Constitucional, mediante la cual se “conmina a las autoridades de vigilancia y control a exigir la aplicación de las normas que amparan la relación laboral y evitar la suscripción reiterada de contratos de prestación de servicios”.

Los funcionarios precisan que a pesar de la normatividad vigente y el desarrollo jurisprudencial de la misma, se ha evidenciado la existencia reiterada de contratos de prestación de servicios para cumplir funciones permanentes que podrían constituir las denominadas “nóminas paralelas”, en la entidades del sector público, por lo cual “resulta imperioso exigir la aplicación material de las normas que amparan la relación laboral”.

Señalan que las entidades no podrán celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales, con la finalidad de reemplazar cargos que se suprimen en la administración pública.

Resaltan además que el Código Único Disciplinario dispone como falta gravísima “celebrar contratos de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas y administrativas que requieren dedicación de tiempo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista”.

Contralorías a verificar “nóminas paralelas”

De otra parte la Auditoria General de la República pidió a las contralorías del país incorporar una línea de auditoría correspondiente al tema de contratación, orientada a verificar la existencia de las denominadas “nóminas paralelas” y a proponer los planes de mejoramiento orientados a dar cumplimiento a la Sentencia de la Corte Constitucional.

También establecerá un observatorio para efectuar seguimiento al comportamiento de las entidades públicas y de las contralorías, con relación a la contratación por prestación de servicios para funciones permanentes, y efectuará las recomendaciones y advertencias a que haya lugar.

El observatorio realizará un monitoreo cada seis meses y para ello las contralorías territoriales y la Contraloría General de la República, deberán solicitar a las entidades la relación de los contratos de prestación de servicios con personas naturales