Con el fin de controlar el número de pasajeros que ingresan a los buses articulados y alimentadores del sistema, el Consejo de Estado le ordenó a Transmilenio instalar censores en los vehículo.

El Alto tribunal determinó que los censores se deben instalar en los buses, en un plazo no mayor a doce meses, con el fin de alertar a los usuarios y al personal operador, cuando se exceda la capacidad máxima de los vehículos.

De igual manera, a fin de garantizar que los usuarios no se vean obligados a esperar tiempos irrazonables, ordenó publicar, en un plazo de 11 meses, en todas las estaciones y portales, los horarios fijos y precisos en los que deberán llegar y salir rigurosamente los buses y articulados.

Así mismo, la sentencia ordena a la Alcaldesa de Bogotá, Clara López Obregón, que junto con la Policía Metropolitana desarrolle campañas educativas con el fin de concientizar a los usuarios sobre los deberes que tiene como usuaria del sistema de transporte.

Además, con el fin de optimizar la calidad del servicio, el Alto Tribunal le ordenó a la Secretaría de Movilidad de Bogotá que por medio de estudios técnicos, en un plazo no mayor a seis meses, determine la capacidad de los buses que diariamente recorren la ciudad.