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Judicial Noticia Extraordinaria

Por masacre del Chengue la Nación debe pagar $3.500 millones

Una indemnización de 3 mil 500 millones de pesos deberá pagar el Estado colombiano a las familias de 27 personas que perdieron la vida en la masacre de El Chengue, en el departamento de Sucre.

El fallo fue proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el cual señalo que aunque la Policía y la Armada Nacional no participaron en el múltiple crimen, omitieron su deber de proteger a las víctimas.

Según el alto tribunal, el entonces comandante militar en la zona, contraalmirante Rodrigo Quiñones, así como varios de sus oficiales tenían conocimiento de la presencia de un grupo armado ilegal cerca del lugar donde ocurrió la masacre y no hicieron nada para evitar que ingresara al corregimiento y matara a los campesinos.

De acuerdo con los informes de inteligencia de entonces, los paramilitares estaban concentrados en la finca El Palmar, del municipio de San Onofre, y no actuaron en su contra aun cuando contaban con los medios y la autoridad para enfrentarse al grupo armado.

La masacre de Chengue, declarada por la justicia colombiana como un delito de lesa humanidad, fue ejecutada el 17 de enero de 2001, por elementos paramilitares al mando de Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena”.

Esta matanza tuvo la escalofriante particularidad que los paramilitares utilizaron mazos para asesinar a las víctimas y no armas de fuego para no llamar la atención.

Los criminales cubrieron con talegos las cabezas de los campesinos y luego de hacerlos arrodillar les asestaron el golpe en la nuca, causándoles la muerte en forma instantánea.

Antes de retirarse del sitio, los paramilitares incendiaron las viviendas del caserío y obligaron a mujeres y niños a abandonar la región.

Por esta masacre fueron procesados también los cabecillas paramilitares Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino; Yairsiño Maza Mercado, alias el Gato; Pedro Valencia Gómez, Verruguita; y Óscar David Villadiego Tordecilla, alias Never.

Sin embargo, ninguno de ellos aceptó su responsabilidad en los delitos que les imputó la fiscalía, relacionados con homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, hurto agravado e incendio.