La organización Amnistía Internacional acusó hoy a las autoridades colombianas por el silencio y la impunidad en que se encuentra la violencia sexual sufrida por mujeres y niñas dentro del conflicto armado que afecta al país.

«En Colombia, las mujeres y niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra. Todas las partes en conflicto las violan y las someten a abusos sexuales para silenciarlas y castigarlas», aseguró Susan Lee, directora regional del Programa para América Latina de AI, en la presentación del informe.

ADemás señalo: «Desde que el presidente Juan Manuel Santos tomó posesión en 2010, el gobierno ha prometido abordar la crisis de los derechos humanos, pero aún no hemos visto mejoras reales en cuanto a hacer comparecer ante la justicia a los responsables de abusos contra estos derechos, incluidos los actos de violencia sexual contra mujeres».

A su turno, Marcelo Pollack, responsable de AI para Colombia, dijo que el abuso más visible y la manifestación más clara de la impunidad en el conflicto colombiano es la violencia sexual, delito que dijo, no se ha podido medir en su verdadera dimensión y contra el cual no se han aplicado medidas efectivas para resolver el problema.

El documento titulado “Eso es lo que nosotras exigimos: que se haga justicia”, advierte que «las autoridades colombianas no han abordado efectivamente la ausencia de justicia para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual durante el largo conflicto armado que afecta al país».

Tomando como base en reporte de Medicina Legal de Colombia, Amnistía Internacional establece que en el 2010 se realizaron 20.142 exámenes de posibles casos de violencia sexual, frente a 12.732 efectuados en 2000.

Señala que el 82,1% de las víctimas de violencia sexual está relacionada con el conflicto armado.

Del total, las mujeres y niñas representan 84% de los casos y más del 85% corresponde a menores de edad.

Reseña ademas que de 183 casos de violencia sexual que la Corte Contitucional de Colombia ordenó investigar en 2008, se estima que en 45,8% de los casos los autores fueron paramilitares, 19,4% integrantes de la fuerza pública, y 8,5% guerrilleros.

Otro 4,5% corresponde a grupos armados no identificados, 4% delincuencia común y 1,5% a algún familiar, mientras que en 16,4% de los casos no se pudo determinar el responsable.