El material probatorio recaudado por la Fiscalía permitió al Juzgado Primero Especializado, con funciones de conocimiento, imponer condenas que oscilan entre cuatro y siete años de prisión para dos ex concejales y varios rectores de instituciones educativas, por la defraudación de más de 950 mil millones de pesos al programa de cobertura educativa en Cali (Valle).

Durante el juicio la Fiscalía demostró que de los 36.500 millones de pesos destinados a la educación de niños pobres de Cali, terceras personas se apropiaron de $ 950.198. 301; recursos destinados a 73 mil niños de los estratos 1 y 2 de la capital vallecaucana.

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, establecieron que mediante colegios de fachada, proveedores ficticios, fundaciones y nóminas falsas los implicados se apropiaron de los dineros estatales.

De acuerdo con la decisión adoptada por el juez de conocimiento los ex concejales Luis Mario Villafañe y Mauricio Mejía López, en calidad de intervinientes, purgarán, cada uno, cinco años y cinco meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.

Igual pena por esos delitos cumplirán María Hilda Ángel Murillo, rectora del colegio Mi Segundo Hogar; Jaime Eduardo Mosquera, docente; y Alexander Cerón Ortega, ex asesor de la Secretaría de Educación. Estas personas también pagarán una multa superior a 712 millones de pesos.

En calidad de coautores por los punibles citados fueron sentenciados a siete años de prisión: Martha Lucía Guzmán Londoño, docente; Víctor Hernán Quezada Londoño, rector colegio Liceo Payán; y Ana Julia Torres Gutiérrez, docente, quienes pagarán multa superior a 950 millones de pesos.

Así mismo, como cómplices del ilícito fueron condenados a cuatro años de prisión: Gloria Patricia Recalde Falleco, Diana Paola Valdez Cortés, Esperanza Aranzazu Orrego y Walter Fernando Trejos, quienes pagarán multa superior a 475 millones de pesos.

El juzgador también ordenó que los condenados paguen al Municipio de Santiago de Cali 2.654 salarios mínimos mensuales vigentes por perjuicios materiales.

Finalmente, el Juzgado Primero indicó que una vez quede ejecutoriada la sentencia se librarán las respectivas órdenes de captura en contra de los hoy condenados.