La supuesta existencia de un carrusel de contratos y de una bolsa de empleos, denunció en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la Representante a la Cámara por Bogotá, María Ángela Robledo.

En diálogo con el Noticiero Sana Fe, la parlamentaria dijo que en el ICBF está en juego un presupuesto de 3.2 BILLONES de pesos, el segundo más jugoso, después del correspondiente al Ministerio de Defensa y la directora del organismo, Elvira Forero ha eludido todas las citaciones que se le han hecho en el Congreso de la República para que explique múltiples dudas que hay sobre el manejo de la entidad y la contratación.

Ángela María Robledo señalo que en el Bienestar Familiar hay un carrusel de la contratación, en el que unas pocas empresas concentran los proyectos y una de ellas es graves hechos de corrupción, en los que está involucrada la controvertida organización conocida como “Alma Mater”, la misma que estafó a la secretaría Distrital de Educación con el contrato de la actualización de los maestros.

La congresista aseguró que además la directora Elvira Forero ha montado en la entidad una “bolsa de empleos”.
Dijo que pese a que el ICBF tiene una planta de personal de 5 mil 100 funcionarios, de todas las especializados, su directora contrató 7.470 profesionales de diversas especialidades con Alma Máter, concentrando en la Sede Nacional en Bogotá 4.108 de estos contratistas, esto es el 55%.

Añadió que a pesar de que la directora del ICBF aseguró que la contratación de profesionales está dirigida a fortalecer los equipos interdisciplinarios de las defensorías de familia en las áreas de nutrición, trabajo social y psicología, Robledo afirmo que “el perfil de los profesionales contratados está centrado en ingenieros, abogados y administradores de empresas, en unos contratos muy cortos que no generan procesos y contribuyen a una mayor precarización del empleo en el país”.

María Ángela Robledo aseguró que la nomina paralela supera los 198 mil millones de pesos, de los cuales 1.500 millones corresponden a Alma Mater.

“El ICBF, por ejemplo, suscribió con Alma Máter el Convenio 024 del 1 de julio de 2010 por cerca de 9 mil millones de pesos ($8.917.091.223). El 30 de septiembre del mismo año, realizó una adición por 215 millones; a través de este convenio se suscribieron 617 contratos cuyo tiempo de servicio va en promedio de 30 a 90 días. ¿Será que unos equipos se pueden fortalecer de esta manera?”, se pregunta la congresista.

Sobre la contratación de ICBF con Alma Máter la Procuraduría encontró que entre 2007 y 2011 se realizaron convenios con el mismo objeto de manera sucesiva en un lapso entre 90 y 150 días por un valor cercano a 198 mil millones de pesos y que nadie más fue convocado para esta contratación, lo cual promueve la elusión sistemática de la contratación pública. La Procuraduría dijo que podría tratarse de una nómina paralela en tanto que la Contraloría conceptuó que los giros por más de 1.555 millones de pesos a favor de Alma Máter son irregulares.

Advirtió que pese a que Elvira Forero ha dicho que está dispuesta a “aclarar, aclarar y aclarar”, el debate de control político solicitado por Ángela Robledo se ha postergado en cuatro oportunidades en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

“Acaban de pasarlo del 28 de septiembre al 5 de octubre. Solicité este debate desde el 26 de julio como consta en la proposición radicada en la Comisión y cada vez que está agendado lo cambian”, aseguró la parlamentaria.

Robledo, que adelantó un debate en julio del año pasado a la directora del ICBF sobre su negligenca en la operación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) y que lleva un año haciendo seguimiento al desarrollo de programas dirigidos a niños, niñas y jóvenes, aseguró que los informes de los entes de control recogen las múltiples inquietudes que ella ha venido denunciando: “Coincido con la Procuraduría y la Contraloría en que Elvira Forero tiene la obligación de explicarle al país las múltiples irregularidades en que ha estado involucrado el Instituto por cuenta de una gestión que ha sido a todas luces DESFAVORABLE a la garantía de los derechos de las poblaciones más vulnerables y muy rentable para determinados grupos de contratistas”.