Como un verdadero consenso histórico entre el Gobierno Nacional, la Rama Judicial y el Congreso de la República, calificó el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, el acurdo que permitió que la Comisión Primera de Senado aprobara la Reforma Constitucional a la Justicia, en su primer debate.

«Se materializó el acuerdo que el Presidente había anunciado para darle un impulso a la Reforma, fruto de la concertación entre el Gobierno, la Justicia y el Congreso, lo que abre paso a la Reforma la Justicia que, esperamos, este semestre culmine su aprobación en ambas cámaras», afirmó el Ministro del Interior.

El acuerdo, dado a conocer por el Presidente Juan Manuel Santos en el Casa de Nariño poco antes de que la Comisión Primera votara favorablemente la iniciativa, permitió dar trámite positivo a 31 artículos, entre los que se destaca otorgar funciones jurisdiccionales a funcionarios administrativos como los notarios, con el objetivo de descongestionar los despachos judiciales. Sin embargo, éstos no podrán recabar pruebas, ni fallar en procesos penales o de lo contencioso administrativo.

Al proyecto de acto legislativo (reforma constitucional tramitada por el Congreso) que pasa a segundo debate en la Plenaria del Senado, se le incluyó un artículo sobre el fuero militar, presentado por el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Sobre este particular, el Ministro Vargas Lleras explicó que la propuesta busca precisar con claridad en qué casos sí y en qué casos no operaría la Justicia Penal militar para poner punto final a la competencia de jurisdicciones que, según el alto funcionario, vienen afectando el fuero penal militar.

«Se incluyó una solicitud para precisar el alcance del fuero militar en Colombia, de manera que frente a los actos que tienen lugar en servicio operará la Justicia Penal Militar, y en relación con aquellos que no tienen ninguna relación con el servicio, será la justicia ordinaria la que tenga conocimiento de ellos», aseguró el jefe de la cartera política.

El Ministro del Interior afirmó que se acordó con las Altas Cortes eliminar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para darle paso a una nueva que será la Sala de Gobierno, tal como lo propuso el Ejecutivo.

Así mismo, se aprobó la doble instancia para el juzgamiento de congresistas, especificando que las etapas de instrucción y juzgamiento permanecen en la Corte Suprema de Justicia.

También se incluyó la creación de un tribunal de instrucción, que reemplazará a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y que será integrado por siete magistrados que investigarían a los altos funcionarios del Estado, entre ellos al Presidente de la República.