El juicio contra el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias se reanudará el próximo 14 de diciembre, tras la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de conceder 20 días a la defensa del exministro para que revise pruebas documentales presentadas por la Fiscalía y otros 20 para que prepare su defensa con miras a la audiencia preparatoria.

Durante la audiencia de hoy, la Fiscalía radicó la acusación contra el exfuncionario por los delitos de peculado y firma de contratos sin los requisitos legales.

Según el ente acusador, Arias “violó la ley 80 de 1993 sobre contratación estatal y varios decretos que fueron emitidos con el fin de adoptar mecanismos de acceso técnico y herramientas para los campesinos colombianos”.

De acuerdo con la Fiscalía, Arias “no hizo nada” para corregir las las irregularidades del programa de Agro Ingreso Seguro, “ni impartió órdenes para su revisión”, debido a que tenía “intereses ocultos” para firmar el convenio con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Según manifestó, a través de este convenio se entregaron los mayores subsidios a grandes empresarios, “con la excusa” de que eran para el fomento de ciencia y tecnología.

Durante la administración del exministro, se firmaron irregularmente tres contratos, en los años 2007, 2008 y 2009, por la suma de 17 mil millones de pesos, sostuvo.

“En muchas ocasiones el panel de expertos aprobaba proyectos que habían sido rechazados por los observadores y pese a que estaba demostrado que no cumplían la norma para hacerse merecedores de estos y solamente pedían unas modificaciones”, precisó la jefe del ente investigador.

Además, durante la audiencia, la Fiscalía solicitó el testimonio del ministro Juan Camilo Restrepo y de la ex senadora Cecilia López.
El ente acusador, además, presentó como pruebas unas cartas en las que el exfuncionario presuntamente agradecía a varios partidos políticos por su respaldo en la aprobación de la ley con la que se creó el polémico programa.

De otro lado, el juez negó la solicitud de impedimento que habían realizado la magistrada María del Rosario González y el magistrado Augusto Ibáñez, quienes se habían declarado impedidos en el caso.