Una organización ambientalista solicitó al ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica que detenga en alta mar las embarcaciones pesqueras que llegan de faenas de pesca en aguas colombianas, tras las denuncias de una matanza de 2.000 tiburones.

El director de la ONG Programa de Restauración de Tortugas Marinas (Pretoma), Randall Arauz, dijo que “han sido identificados tres de los 10 barcos que llevan el nombre de Marco Antonio, Jefferson y Andy -presuntamente costarricenses- que participaron en la matanza”.

Arauz señaló que si los barcos no son abordados en alta mar, para determinar su carga, cuando lleguen a Puntarenas, en el Pacífico de Costa Rica, su carga la harían desaparecer funcionarios vinculados al Instituto de Pesca, que dijo está controlado por empresarios pesqueros.

En respuesta a las denuncias de ambientalistas, la Cancillería costarricenses informó en un comunicado que la embajada de Costa Rica en Colombia realizó consultas a la Cancillería de ese país, donde indicaron no disponer, en ese momento, de información oficial sobre el hecho (la matanza de tiburones), en particular, que los involucrados sean embarcaciones de bandera costarricense”.

“Costa Rica reitera que ha sido constante y consistente en el tema de la pesca responsable, así como en su rechazo categórico del aleteo del tiburón. En este sentido, condena enérgicamente los hechos denunciados y, de comprobarse la participación de embarcaciones de bandera nacional, aplicará la ley como corresponda”, afirmó.

En Bogotá, la Alta Consejera Presidencial para el Medio Ambiente, Sandra Bessudo, descartó que los barcos provinieran de Colombia.

Dijo que conocieron del caso hace dos días y por reportes de buzos de recreación que han estado en la zona y dijeron ver barcos de bandera costarricense.

Bessudo aseguró que fueron al menos una decena de barcos que han entrado en los últimos días al Parque Natural Malpelo, un archipiélago rocoso en el Pacífico colombiano y donde está prohibida la pesca desde los años 1980.

“Eso es ilegal”, dijo la funcionaria en diálogo telefónico refiriéndose a las actividades que se habrían realizado en el sector.

La consejera dijo que carecen de un dato exacto de cuántos animales podrían haber muerto en las aguas del parque, que ocupa unos 9.000 kilómetros cuadrados y donde abundan especies de tiburón tipo ‘martillo’, ‘sedosos’, entre otros. Sin embargo, consideró cercano a la realidad el cálculo de unos 2.000 animales muertos en las últimas semanas.

Explicó que en general esos pescadores atrapan a los animales y le cortan las aletas, de gran valor en mercados asiáticos para preparar recetas culinarias, y los vuelven a lanzar al agua donde mueren asfixiados porque no pueden nadar.

El activista en Costa Rica lamentó que el tráfico de aletas de tiburón no tenga fuertes penas, ya que “únicamente se les decomisa el producto y se les impone una sanción económica irrisoria en comparación con lo que valen en el mercado las aletas y la destrucción ecológica que ocasionan”.

Arauz estimó que desde puertos costarricenses son enviados anualmente al mercado oriental unas 800 toneladas de aletas de tiburón. “Eso se correspondería con unos 90.000 tiburones que son muertos”, precisó.
Arauz agregó que la población mundial de tiburones ha disminuido en un 90% en los últimos 30 años. AP