Por orden de la Corte Constitucional, ocho funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, serán investigados por haber presuntamente obligado a una pareja a la esterilización a cambio de no retirarle la patria potestad de dos menores de edad.

Según el fallo, los funcionarios habrían incurrido en la violación del derecho a la autodeterminación de los padres, al obligarlos al realizarse el procedimiento quirúrgico como condición para poder entregarles a los niños.

La Corte determinó que los implicados “Adoptaron medidas desproporcionadas separando a los niños de su entorno familiar con el pretexto de proteger sus derechos fundamentales”.

Para la Corte, el hecho de no tener los suficientes recursos económicos “no es motivo para que sean vedados de pertenecer y/o conformar una familia”.

Por esta razón, el alto tribunal solicitó abrir una investigación disciplinaria y penal contra Clara Inés Gómez, Juddy Olaya Moreno, Carlos Mauricio Arias, Adriana Galvis, Clara Piedad Mateus Blanco, y Edwin Rodríguez Molina y contra el médico Gabriel Riaño, quienes estuvieron al frente del proceso.