Durante la reanudada audiencia de imputación de cargos contra Miguel, Manuel y Guido Nule, los polémicos empresarios aseguraron que la Fiscalía ha incumplido con el desarrollo del proceso por lo que solicitarán que el proceso en su contra por el detrimento de más de dos billones de pesos por incumplimiento en la fase III de Transmilenio, sea anulado.

Los Nule y su socio Mauricio Galofre, aseguraron la semana pasada por medio de sus defensores que han cumplido con lo pactado con la justicia y recordaron que han puesto a disposición de la justicia sus bienes para reparar a las víctimas.

Además los abogados recordaron que los Nule recordaron aceptaron el cargo de peculado durante la primera audiencia como parte de un acuerdo con la Fiscalía. Esto los alejaría de la posibilidad de servir como testigos para el ente acusador.

por su parte, el fiscal Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Ricardo González aseguró que el juez encargado se encontraba evaluando la posibilidad de cobijarlos con el principio de oportunidad.

Según al juez 38 de Conocimiento, Álvaro Weiss Bautista, “se está trabajando sobre la base de los cuatro delitos a imputar, pero todo depende del avance de las conversaciones, entre otras el tema del patrimonio y los bienes de los señores Nule, que no hay claridad sobre eso».

Los polémicos empresarios fueron acusados de los delitos de cohecho, fraude procesal, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y peculado, estarían contemplando la posibilidad de solicitar dicha nulidad.

La Fiscalía esta avisada

Por su parte, La Fiscalía en cabeza de Vivianne Morales se encuentra buscando formulas y nuevas pruebas en contra de los Nule, para evitar que se anule el proceso.

Entre los acuerdos que los empresarios lograron con el ente acusador, está la de declarar en calidad de testigos en contra de ex funcionarios del Distrito, el Alcalde Samuel Moreno, el senador Iván Moreno y ex empleados del IDU, a cambio del principio de oportunidad para cuatro delitos.

Por ahora, la diligencia volvió a ser aplazada, hasta que el Tribunal Superior de Bogotá defina la situación de la aseguradora, Segurexpo, quien solicitó ser declarada víctima dentro del proceso por el carrusel de contratos.