Un fiscal de Derechos Humanos y DIH profirió resolución de acusación en contra de 15 militares como presuntos coautores de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravada, desaparición forzada agravada, y falsedad ideológica en documento público, entre otros delitos.

La decisión judicial se deriva de los hechos ocurridos el 18 de diciembre de 2006, cuando en el corregimiento Crucerito, municipio de Tierralta (Córdoba), integrantes del Batallón Junín de Montería ultimaron en choque armado a dos hombres no identificados, quienes, según la versión de los investigados, respondieron con disparos a la proclama lanzada por la tropa.

De acuerdo con lo establecido por el fiscal en la instrucción el mencionado combate no se produjo, y las víctimas, identificadas como Luis Armando Peña Grandeth y Eduardo Enrique Urango, tampoco pertenecían a ningún grupo armado al margen de la ley.

Los uniformados acusados, todos soldados profesionales, son: Óscar Javier Berrío Correa, Gustavo Adolfo García Hernández, Juvenal Carvajal Cruz, Luis Enrique Nieto Martínez, William Antonio Ibáñez Amante, Filadelfo Eloy González Jaramillo,, Luis Mariano Aguilar Causil, Luis Antonio Uribe Sierra, José Dorancel Guerra Pacheco, Dairo Gaviria Jiménez, Jesús María Arizal Cordero, Roberto Antonio Martínez Flórez, Fredy Manuel Velásquez Pérez, Henry Manuel Serpa Nerio, y Adalberto Rafael Lozano Guzmán.

En otro caso

De esas personas las ocho últimas también fueron acusadas junto con Arturo Hoyos Jiménez, soldado profesional; Luis Fernando Cadavid Flórez, sargento segundo; Efraín Enrique Cuadrado Díaz, soldado profesional, y Samuel Triana Suárez, soldado profesional, en el proceso que se adelanta por las muertes de los particulares Juan Carlos Romero Muñoz e Iván Joaquín Álvarez Martínez.

Romero Muñoz y Álvarez Martínez fueron ultimados en supuesto combate librado en área rural de Montelíbano (Córdoba), el 5 de octubre de 2007. En este caso los implicados deberán responder por haber incurrido, supuestamente, en los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación oficial diferente.