A través de una resolución, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, convocó a una audiencia para tratar el caso de supuesto fraude en la Masacre de Mapiripán, ocurrida en junio de 1997 y por la cual ese organismo condenó al Estado Colombiano.
En la audiencia, que se llevará a cabo de manera privada, el organismo revisará los términos en los cuales se tomó la determinación de condenar a Colombia por los estos hechos en 2005.
“Estos hechos que actualmente forman parte del debate público, deben ser canalizados a través del mecanismo de supervisión de cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana para que ésta, en su caso, tome las medidas que correspondan”, dijo.
La audiencia se llevará a cabo el 23 de noviembre en San José de Costa Rica, y a esta deberán asistir el Estado de Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de las víctimas.
Este es el texto del comunicado:
El Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García-Sayán, emitió el día de ayer una resolución en la cual convoca a una audiencia privada de supervisión de cumplimiento de sentencia en el Caso de la Masacre de Mapiripán.
Lo que motiva esta audiencia son algunos hechos de conocimiento público en Colombia relacionados con el cumplimiento de la sentencia sobre este caso, dictada por la Corte Interamericana el 15 de septiembre de 2005. En los últimos días circularon versiones generadas por autoridades de Colombia y reproducidas en los medios de comunicación de ese país a través de las cuales se sostendría que algunas de las personas calificadas como víctimas en el proceso no tendrían tal condición.
El Presidente de la Corte señaló que “es necesario que estos hechos que actualmente forman parte del debate público, sean canalizados a través del mecanismo de supervisión de cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana para que ésta, en su caso, tome las medidas que correspondan”. La audiencia se celebrará ante el pleno de la Corte Interamericana en San José, Costa Rica, el 23 de noviembre. Han sido convocados el Estado de Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de las víctimas y sus familiares.