Debido a las falencias existentes en las principales instituciones y entidades estatales, sobre la total convivencia de los miembros del llamado sector LGBT, la Corte Constitucional exhortó al Ministerio del Interior para que junto a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General creen una política pública “integral” para incentivar la visibilidad, el respeto y la protección de esta comunidad.

La trascendental decisión, afirma que se debe adelantar políticas para que se posibilite su socialización y coadyuve a la convivencia pacífica, cumpliendo también con los deberes y obligaciones que tienen todos los ciudadanos cotidianamente.

el Alto Tribunal considera que el desconocimiento de la población homosexual, “obstaculiza el reconocimiento social de una minoría merecedora de protección y respeto”.